Sefiplan: ¿ignorancia o complicidad?

La controvertida figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP) que en 2017 se promovió desde el Congreso local para favorecer a la empresa NL Technologies ha venido causando graves daños a las haciendas municipales, principalmente las de los ayuntamientos que celebraron un contrato de fideicomiso “irrevocable” con Banca Afirme para garantizar a la concesionaria regiomontana el pago de sus servicios y a la CFE el importe del suministro de energía.

El Despacho Aguilar de la Llave y Asociados, S.C., que desde 2018 asumió exitosamente la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Cerro Azul, logró invalidar este esquema a través de tres acciones que propuso y ejecutó el Cabildo: la requisa del servicio público de alumbrado, la revocación de la concesión para prestarlo y la rescisión del contrato de APP.

Posteriormente, este Despacho asesoró a los ayuntamientos de Tuxpan y Poza Rica. El primero de ellos concluyó los procesos de requisa, revocación y rescisión, y a pesar de ello, la Sefiplan se ha negado a reconocer el hecho de que, una vez rescindido el contrato, el fideicomiso relativo pierde su razón de ser, por lo que es totalmente indebido que le sigan descontando las participaciones al municipio para servir a un contrato que legalmente ya no existe, lo cual causa grave daño a las finanzas municipales, particularmente por el hecho de que NL Technologies continúa sin cubrir la factura eléctrica, como es su obligación.

Lo anterior se deriva del hecho de que, conforme a lo pactado, el fideicomiso debería pagar con los ahorros que supuestamente las nuevas luminarias habrían de generar con respecto al consumo histórico, en primer término, el consumo de energía eléctrica originado por el alumbrado público. Al incumplir con esa obligación contractual, se orilló al municipio a cubrir con sus propios recursos la factura que emite la CFE, so pena de ver interrumpido el suministro y con el riesgo de incurrir en responsabilidades administrativas por el desvío de recursos.

Con su estrategia jurídica, en cuatro años el Despacho Aguilar de la Llave, S.C. ha ganado en todas las instancias judiciales, pero se ha topado con la cerrazón de la Sefiplan que sospechosamente ha privilegiado el interés de la fraudulenta empresa privada, por encima del legítimo interés de los ayuntamientos veracruzanos y en franca contradicción con lo expresado por el Presidente y el Gobernador.

El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, ha declarado tardíamente que la dependencia a su cargo respaldará a los ayuntamientos para cancelar los contratos con NL Technologies, para lo cual, dijo, ha hecho contacto con la Secretaría de Hacienda –que no tiene mayor injerencia en este asunto, salvo por lo que se refiere al Registro Único de Deuda que lleva– y el Congreso local, que tampoco tiene competencia porque, al igual que Sefiplan, no es parte del contrato.

Si interviniera la Legislatura, sólo propiciaría que NL Technologies defienda sus intereses interponiendo amparos, lo que, en el mejor de los casos, retrasaría por meses o años la solución de un problema que asfixia a las tesorerías municipales, pues cada mes se les  descuentan 27 millones de pesos.