González Tiburcio, exonerado

A diferencia de Miguel Ángel Vega García, quien actualmente despacha como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, otro veracruzano que en cambio fue implicado injustamente en la trama de la “Estafa Maestra” es Enrique González Tiburcio, un brillante economista nativo del puerto de Alvarado que fungió como coordinador de asesores de Rosario Robles en la SEDESOL y subsecretario de Ordenamiento Territorial en la SEDATU, en las que Vega García fue titular del Órgano Interno de Control (OIC).

En marzo del año pasado, González Tiburcio fue imputado por un juez de control por presuntamente haber rendido testimonio falso a una autoridad distinta a la judicial. Junto con Armando Saldaña, exdirector de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, el alvaradeño desconoció su firma en el convenio suscrito el 2 de febrero de 2016 por más de 185 millones de pesos con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hidalgo, ante el OIC de SEDATU a cargo de Vega García.

González Tiburcio y Saldaña pasaron, paradójicamente, de denunciantes a imputados. Y es que desde junio de 2017, cuando ambos estaban en la SEDATU con Robles, habían acudido precisamente ante Vega para presentar sendas denuncias y desconocer la suscripción del convenio con la Universidad Politécnica hidalguense.

Pero en vez de dar vista a la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependía directamente como titular del OIC, Vega remitió los expedientes a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR. El 30 de noviembre de 2018, último día del sexenio peñista, González Tiburcio fue notificado de dos causas penales en su contra y emplazado a presentarse al Juzgado.

En audiencia celebrada el 29 de enero de 2019, correspondiente a la causa penal 443/2018, el juez de control Orlando Íñiguez Delgadillo vinculó erróneamente al exfuncionario a proceso por el delito de falsedad de declaración a una autoridad distinta de la judicial. Haber negado su rúbrica que aparecía en el Convenio Marco fue la causa de su imputación. La prueba de grafoscopía que presentó la Fiscalía pretendió demostrar que la firma del convenio era auténtica. Sin embargo, el 10 de febrero, la defensa de González Tiburcio presentó apelación, pues demostró que ni él ni Saldaña estaban en la Ciudad de México en la fecha que fueron suscritos tales convenios.

O sea que falsificaron su firma y suplantaron su identidad. Además, hasta los cargos de ambos funcionarios fueron consignados erróneamente en una copia certificada que Vega García entregó a la FGR del convenio usado para desviar los 185 millones de pesos.

Este lunes 5 de octubre, en un acto de justicia para González Tiburcio, la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, determinó concederle al exsubsecretario la suspensión definitiva, resolución que impide continuar el proceso que enfrenta por el supuesto delito de falsedad de declaraciones.