El panorama del periodismo en México ha sido una preocupación creciente en el ámbito internacional, especialmente para las organizaciones que velan por los derechos humanos y la libertad de expresión. La reciente tragedia del asesinato de Alejandro Gallegos, destacado periodista con un sólido historial de reportajes investigativo y catedrático, ha reforzado esta inquietante realidad y ha provocado una reacción inmediata de Naciones Unidas, que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los periodistas en el país.
México ha sido catalogado repetidamente como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Con el paso de los años, y a medida que la impunidad se convierte en regla más que en excepción, la situación se ha tornado cada vez más crítica. Según cifras de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, decenas de periodistas han sido asesinados en el país en la última década, muchos de ellos mientras realizaban su trabajo de investigación sobre narcotráfico, corrupción y crimen organizado.
El asesinato de Alejandro Gallegos no solo es un trágico recordatorio de esta realidad, sino que también subraya el fracaso de las medidas de protección hasta ahora implementadas para salvaguardar a aquellos que, al desempeñar su labor informativa, se enfrentan con valentía a las amenazas de los poderes fácticos.
La reacción de la ONU ante el asesinato de Gallegos fue inmediata y contundente. En un comunicado oficial, las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por el clima de violencia e intimidación al que los periodistas mexicanos se enfrentan regularmente y llamaron a las autoridades mexicanas a intensificar sus esfuerzos para garantizar la protección de los comunicadores.
Este llamado a la acción no es solo un gesto de solidaridad, sino un pronunciamiento que exige responsabilidad y efectividad en las medidas adoptadas por el Estado mexicano, para garantizar que aquellos que atacan o amenazan a periodistas enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
El ejercicio del periodismo debe ser considerado como un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. La libertad de expresión es un derecho humano inalienable, esencial para el funcionamiento de la democracia, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin periodismo libre y seguro, la sociedad pierde una herramienta esencial para la construcción de una ciudadanía informada y consciente.
En México, como en cualquier otro país, el ejercicio del periodismo debe ser protegido y promovido. Las amenazas y asesinatos de periodistas no solo son ataques contra la libertad de expresión, sino también contra el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna.
El asesinato de Alejandro Gallegos en el estado de Tabasco, debe servir como un llamado de urgencia para que la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y el Estado mexicano trabajen de forma conjunta en la implementación de políticas efectivas que permitan la protección real del gremio periodístico.
La creación de entornos seguros para los periodistas no solo es una deuda pendiente con aquellos que han sido silenciados, sino un compromiso esencial para garantizar que la democracia pueda florecer sin el temor de la censura o la violencia. Es imperativo que, tanto en México como en el resto del mundo, se reconozca y se actúe conforme a la importancia de salvaguardar la libertad de prensa y los derechos humanos de todos aquellos que día a día informan a la sociedad.
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