Adversarios impunes

Tanto el presidente López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García han venido reiterando, una y otra vez, que en México y en Veracruz los pactos y acuerdos con la delincuencia son historia del pasado y que ya no se repiten en sus administraciones.

Inclusive, en julio pasado, en sus últimas dos visitas a la entidad veracruzana para inaugurar los cuarteles de la Guardia Nacional en Las Choapas y Xalapa, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que le enorgullecía que el estado tuviera un gobernador honesto, íntegro y leal como García Jiménez, muy diferente –remarcó– a los exgobernantes que recientemente le antecedieron, en alusión, obviamente, al panista Miguel Ángel Yunes (2016-2018) y a Javier Duarte (2010-2016), preso desde hace cuatro años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Pero, paradójicamente, ni López Obrador ni García Jiménez se han atrevido a proceder penalmente en contra de sus antecesores, no obstante que les han imputado públicamente una serie de actos al margen de la ley, abusos de poder y corrupción. AMLO, inclusive, promovió el 6 de junio pasado una consulta popular con el propósito de enjuiciar a los últimos cinco exPresidentes –desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto–, que le costó al Instituto Nacional Electoral 528 millones de pesos organizarla y a la que solo concurrió el 7.11 por ciento de la lista nominal de electores, esto es, menos de 7 millones de ciudadanos.

Cuitláhuac, por su parte, tampoco se ha atrevido a proceder penalmente en contra de Yunes Linares pese a que dos de sus más cercanos colaboradores, el secretario de Gobierno Eric Cisneros y el de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentaron denuncia formal desde finales de 2018 ante la Fiscalía General de la República en contra del exmandatario panista por el presunto fraude millonario del sistema estatal de videovigilancia.

Y la semana anterior, en la confrontación que públicamente protagonizó con Yunes por la nueva orden de aprehensión que ejecutó la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Rogelio Franco, exsecretario yunista de Gobierno, García Jiménez exhibió al exmandatario estatal del PAN de haber incumplido al menos con un deber legal ya que afirmó que a Arturo Bermúdez Zurita, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública con el exgobernador Duarte, no  le decomisaron nada y que sólo fue “un teatro” de la administración de Yunes Linares.

Cuitláhuac exhibió hasta un audio en el que se escucha hablar al abogado Rodolfo Reus, defensor de Bermúdez, con el entonces Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, quien el año antepasado se dio a la fuga con el extitular de la FGE, Jorge Winckler, sin que hasta la fecha hayan sido detenidos.

“Él (Bermúdez) tiene unas carpetas abiertas, por lo que debería estar detenido.(…)  Es presunto responsable de algunos delitos, sólo que ahora tiene la medida cautelar que le otorgaron por el pacto para llevar su proceso en libertad”, afirmó el morenista.