México | 2024-10-28
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, ha presentado un proyecto de sentencia en el que propone la invalidación de la elección popular de jueces y magistrados federales, una de las disposiciones centrales de la Reforma Judicial.
Esta propuesta se basa en argumentos que cuestionan la seguridad jurídica y la equidad en el proceso de elección popular para cargos judiciales, así como su compatibilidad con el sistema democrático de México.
En su proyecto, el ministro Alcántara señala que el "sistema analizado" no asegura las condiciones mínimas de seguridad jurídica para los aspirantes ni para el público votante.
Según el ministro, la reforma no garantiza una selección equitativa ni un proceso en el que los votantes puedan emitir un voto informado. Además, cuestiona la falta de claridad sobre los perfiles de los candidatos, lo cual podría comprometer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
El proyecto también concluye que la elección popular para jueces y magistrados "corrompe los fundamentos de nuestra República". Alcántara argumenta que el sistema de postulación de candidaturas y la creación de listas para votación podrían afectar la independencia del Poder Judicial.
Además de la elección popular de jueces, el ministro propone eliminar la figura de los "jueces sin rostro", una medida que busca proteger la identidad de jueces en casos relacionados con delincuencia organizada. Alcántara argumenta que este mecanismo no garantiza suficiente transparencia ni seguridad para los juzgadores.
El proyecto también sugiere invalidar el régimen transitorio de la reforma, que permitiría cesar a jueces federales que llegaron a sus cargos mediante la carrera judicial.
El ministro considera que este régimen transitorio vulnera los principios de independencia y autonomía judicial, ya que no se cumplirían con los requisitos de debido proceso para remover a los titulares de los juzgados.
Finalmente, la propuesta recomienda que se mantenga la elección popular solo para ministros de la SCJN, magistrados electorales y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, con el fin de evitar una crisis constitucional.
Alcántara sostiene que esta restricción podría contribuir a estabilizar las relaciones entre los Poderes de la Unión y preservar la normalidad institucional en México.
El proyecto del ministro Alcántara surge en respuesta a varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) en contra de la Reforma Judicial.
Estas acciones argumentan que la elección popular de jueces y magistrados podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial y vulnerar su independencia. La decisión final sobre la validez de la reforma se discutirá próximamente en el Pleno de la SCJN.