| 2025-06-25
Una conocida empresa de Ricardo Salinas Pliego, deberá cubrir un adeudo fiscal cercano a los 2 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al año fiscal 2010, luego de que un tribunal federal le negara un amparo que buscaba evitar dicha obligación.
La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México, cuyos magistrados votaron de manera unánime en contra de otorgar la protección judicial a la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
Durante el análisis del caso, los jueces rechazaron varios escritos entregados por la empresa en el último momento, en los que solicitaba que el expediente fuera turnado a otro tribunal al argumentar falta de imparcialidad de los magistrados. Sin embargo, la petición fue considerada improcedente por el órgano jurisdiccional.
El magistrado ponente, Gustavo Roque Leyva, argumentó que la solicitud únicamente pretendía dilatar el procedimiento, señalando que el expediente ya contenía resoluciones firmes sobre la inexistencia de impedimentos para los jueces.
Ante esta decisión, Grupo Elektra emitió un comunicado en el que calificó el fallo como carente de fundamento legal y contrario a los principios de equidad fiscal, certeza jurídica y legalidad. Asimismo, la compañía acusó al tribunal de ignorar pruebas válidas, como contratos comerciales y documentación bancaria, e imponer exigencias que, según la empresa, no están previstas en la legislación vigente.
Además, la firma argumentó que el caso se enmarca dentro de una ofensiva coordinada desde el gobierno federal, asegurando que el Poder Judicial ha dejado de actuar como contrapeso y ha comenzado a institucionalizar lo que calificó como "extorsión fiscal", derivada de lo que llamó una "farsa electoral judicial".
A pesar del revés, Grupo Elektra anunció que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que sea revisada la resolución desde el punto de vista constitucional. En su comunicado, la empresa advirtió: "Ningún aparato oficial, ni desde el Ejecutivo ni ahora desde el Judicial, logrará someternos".
Cabe mencionar que esta es la segunda sentencia adversa que enfrenta la compañía en menos de una semana. El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa resolvió también en su contra, ordenando el pago de otro crédito fiscal por un monto similar, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.