| 2025-06-25
La reciente decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y trasladar sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) representa, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), un serio retroceso en el análisis técnico, independiente y especializado de las políticas sociales en México.
La organización empresarial encabezada por el veracruzano Juan José Sierra Álvarez, expresó su rechazo a esta determinación, al considerar que se elimina al único ente con la capacidad de evaluar con autonomía y rigor las acciones del Estado en materia de desarrollo social. Para COPARMEX, no se trata únicamente de una modificación administrativa, sino de un intento por desarticular al órgano evaluador y así evitar posibles señalamientos negativos.
Desde su fundación, el Coneval fue reconocido como un referente nacional e internacional por la solidez de su trabajo. A través de sus informes, se identificaron tanto avances como fallas en los programas sociales implementados por diversos gobiernos. No es coincidencia, subrayó la Confederación, que haya sido blanco de críticas por parte de la administración anterior, especialmente después de que, en 2021, documentara un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza. Para 2023, el organismo reportó una disminución de nueve millones, pero su capacidad institucional ya había sido mermada. Su eliminación total, afirma COPARMEX, confirma un patrón de rechazo a la evidencia técnica que contradice el discurso gubernamental.
La transferencia de funciones al INEGI genera preocupación, ya que implica confundir dos responsabilidades distintas. Mientras el INEGI se encarga de recopilar y procesar información estadística, el Coneval tenía como mandato evaluar el impacto de las políticas públicas. Según la Confederación, contar datos no es lo mismo que analizar resultados. La desaparición de esta capacidad evaluadora representa un riesgo para la toma de decisiones con base en evidencia, y abre espacio a políticas guiadas por la popularidad, no por su efectividad.
Asimismo, COPARMEX advirtió que asignar al INEGI tareas evaluativas pone en riesgo su función esencial como generador autónomo de información. Convertir al instituto en juez del desempeño gubernamental podría distorsionar su papel técnico y someterlo a presiones políticas, minando la confianza que académicos, sectores productivos y organismos internacionales han depositado en su neutralidad y rigor metodológico.
La Confederación exigió que se mantengan intactas las metodologías, calendarios y lineamientos que se han utilizado hasta ahora para las evaluaciones de política social. Advirtió que cualquier cambio que impida la comparación, objetividad o transparencia de los nuevos reportes será denunciado públicamente, ya que, a su juicio, no puede permitirse que la medición de la pobreza se transforme en un acto de fe o en una herramienta de propaganda electoral.
También subrayó la importancia de asegurar la continuidad del personal técnico del Coneval, reconociendo su experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de los años. Excluir a estos especialistas, advirtió COPARMEX, significaría condenar al país a decisiones improvisadas y sin sustento. La evidencia construida debe ser preservada, pues su pérdida sería irreparable para el diseño de políticas públicas efectivas.
La desaparición del Coneval se enmarca, según la organización, en una ofensiva más amplia contra los órganos autónomos del Estado mexicano. COPARMEX ha reiterado que debilitar estas instituciones no responde a criterios técnicos ni presupuestales —dado que su operación representa solo el 0.05% del gasto federal—, sino a un intento por concentrar el poder y eliminar contrapesos incómodos.
En su posicionamiento, la Confederación Patronal enfatizó que defender la autonomía técnica es defender el derecho de la sociedad a contar con información veraz. Afirmó que México no necesita instituciones sumisas, sino sólidas y capaces de resistir presiones. Para enfrentar la pobreza, concluyó, se requieren más que discursos: hacen falta datos confiables, evaluaciones objetivas y políticas públicas eficaces. Sin el Coneval, ese camino queda en entredicho.