Viena | 2020-12-12 | Agencias
El Tribunal Constitucional de Austria dictaminó este viernes que “morir dignamente” forma parte del derecho a la libertad personal y que, por tanto, el artículo que castiga con hasta cinco años de cárcel la asistencia al suicidio es contrario a la Ley Fundamental.
El alto tribunal dictaminó que considerar como delito la ayuda a morir a otra persona que desea -en pleno dominio de sus facultades- acabar con su vida es contrario a la Constitución porque vulnera el derecho a la libertad individual.
“Este derecho a la libre autodeterminación incluye tanto el derecho a organizar la propia vida como también el derecho a una muerte digna”, explicó el presidente del Constitucional, Christoph Grabenwarter, en la lectura del fallo.
Esa libertad personal incluye también la capacidad para buscar a alguien que, de forma libre y voluntaria, quiera ayudarle a poner fin a su vida.
Libre determinación
“La prohibición del suicidio con asistencia de un tercero puede representar una injerencia particularmente importante en el derecho de la persona a la libre autodeterminación”, agregó el magistrado.
Por ello, “si la decisión de suicidarse se basa en la libre decisión de la persona interesada, esta debe ser respetada por el poder legislativo”, concluyó.
Hasta ahora, en la legislación austríaca se consideraba delito tanto la eutanasia activa como la participación en un suicidio asistido, cuando, por ejemplo, un médico asiste y aconseja a un enfermo terminal que quiere poner fin a su vida.
Ambos delitos se castigaban con penas de prisión de hasta cinco años.
Peticiones
Cuatro demandantes -entre ellos dos enfermos graves y un médico- consideraron inconstitucional tanto la prohibición de la eutanasia activa como que fuera delito ayudar en un suicidio, por lo que solicitaron al Constitucional derogarlos.
La eutanasia activa, en la que alguien participa directamente para poner fin a la vida de otra persona, seguirá siendo delito, según el Constitucional, mientras que el delito por asistir a un suicidio queda derogado a partir del 1 de enero de 2022.
Esta decisión del Constitucional obligará al Parlamento -controlado por la coalición de conservadores y ecologistas en el poder- a legislar para regular esa asistencia para morir dignamente antes de enero de 2022.