| 2024-12-09
Hace una semana, fuerzas federales desplegaron el "Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo" en los municipios de Veracruz e Ignacio de la Llave, donde aseguraron un millón 197 mil 750 litros del llamado "huachicol", así como armamento, municiones, explosivos y 351 tractocamiones cuya propiedad se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal que desde las administraciones de los exgobernadores Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, y Cuitláhuac García, de Morena, viene controlando no solo estas plazas sino expandiéndose por todo el estado.
Pero lo que realmente sorprendió no fue tanto la dimensión del combustible ilegal decomisado, sino que dicha cantidad pasara inadvertida para las autoridades municipales y del estado.
Este golpe de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido a exhibir la colusión de algunos gobernantes con estas organizaciones delincuenciales durante la construcción del primer piso de la 4T, cuyo maridaje se fue normalizando hasta volverse un tema común.
En noviembre de 2021, cinco meses después de las elecciones de 500 diputados federales y 15 gobernadores, la ejecución del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo puso al descubierto la red del huachicol y sus vínculos con Morena, a cuyos candidatos habría financiado con 500 millones de pesos.
Pero, al año siguiente, el nombre del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, apareció en un par de documentos fechados en agosto de 2022 y contenidos en los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya. Las fuerzas de inteligencia del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) relacionaban dentro de sus investigaciones a uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador con los grupos de robo de combustible que operaban en el sur del país, entre Tabasco y Veracruz.
El nombre del exgobernador de Tabasco, quien acababa de expresar abiertamente sus aspiraciones presidenciales, se inscribía dentro de una red a la que las investigaciones federales denominaron "El Caso Olmeca": una estructura bien organizada que roba combustibles de instalaciones de Pemex para después distribuirlos mediante carreteras al norte del país mediante la cooptación de autoridades y funcionarios.
El negocio consistía en comprar los hidrocarburos a proveedores que "ordeñan" los ductos de Pemex en precios que van de los 2.50 a los 4 pesos por litro para revenderlo en 17 pesos.
El principal mercado del combustible robado era Monterrey, Nuevo León, pero la red criminal buscaba iniciar exportaciones de gasolina hacia Estados Unidos y de diésel hacia Arabia Saudita.
El presidente López Obrador descalificó a mediados de octubre de ese año los documentos filtrados y defendió a su amigo y paisano, calificándolo como "un hombre honesto".
Sin embargo, el pasado 13 de noviembre, el gobernador morenista de Tabasco, Javier May, acusó directamente a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino, de ser quien dirigía a "La Barredora", un grupo criminal local vinculado al CJNG, al cual se adjudica la extorsión de comerciantes y la ola de asaltos y quema de negocios en la capital tabasqueña.
¿El golpe de Sheinbaum y de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, será acaso un anticipo de lo vendrá en la sucesión presidencial de 2030?