Autoridades del Poder Judicial del Estado de Veracruz llevaron a cabo el desalojo de decenas de familias que habitan un conjunto de departamentos en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, mismo que llevaba años en litigio.
Acompañados con la maquinaria de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Naval, Policía Ministerial y la Secretaria de Marina Armada de México, arribaron hasta una de las últimas secciones de dicho conjunto habitacional.
Los colonos de lugar rogaron porque no los desalojaran de sus casas, las cuales han tratado de mantener desde hace ya varios años, pues señalaron que no las quieren gratis, sino que les quieren ir pagando como cualquier caso de interés social.
No obstante, debido al hecho de que llegaron a invadir las ilegalmente, la empresa propietaria, misma que al parecer ya no es Casas Ara, decidió ir a juicio y negarse a vendérselas pese a que estaban en completo abandono.
Un par de vecinos identificados como Juan y Manuel fueron detenidos por dichas corporaciones bajo el argumento de alterar el orden público, ya que fueron los primeros en oponer resistencia.
Esto sirvió para infundir miedo en los demás vecinos, quienes ya completamente resignados y derrotados, decidieron comenzar a sacar sus cosas de los pequeños departamentos como pudieron, pues no todos tenían forma de conseguir un flete.
Desde hacía cerca de 20 años, este conjunto habitacional se encontraba en el completo abandono, pues la constructora nunca llegó a darle mantenimiento, ni siquiera las finalizó para su venta y finalmente ahí se quedaron siendo refugio de maleantes.
Poco a poco, algunas personas fueron llegando para comenzar a limpiar los terrenos y los apartamentos a fin de tener un lugar donde vivir, los cuales poco a poco fueron remodelando ya que son personas de escasos recursos.
Desgraciadamente los más afectados son quienes tienen familia de la tercera edad, con discapacidades o son de grupos muy vulnerables como las madres solteras o viudas, pues no cuentan con quien les apoye.
Pese a los numerosos intentos por dialogar con las autoridades ministeriales, judiciales y las personas que se acreditaban como propietarios para poder llegar un acuerdo de compraventa, este nunca se concretó.
Señalaron que hasta ahora desconocen el nombre de la empresa que se acredita como propietaria de dichos inmuebles, pues incluso llegaron a desalojarlos con una orden que supuestamente no es vigente.
Relataron que en agosto del 2022 llegaron para retirarlos de ahí, pero realizaron un acto de resistencia pacífica y no se los permitieron, para posteriormente ir a las instancias legales y pedir amparos ante la ley.
Pese a que el poder judicial les negó dicho amparo, aún se encuentra en un recurso de revisión ante un juzgado de distrito, por lo cual la orden de desalojo que presentaron no la podían hacer válida.
Las familias únicamente pedían ir pagando las viviendas bajo el valor en el cual las encontraron, pues a su llegada estaban casi en ruinas y poco a poco consiguieron levantarlos hasta llegar a ser lugares decentes.
Ante la negativa y ya resignados por el desalojo, todos los vecinos comenzaron a desmantelar lo que ya habían construido, con intenciones de dejárselos a los propietarios tal y como ellos lo habían encontrado.
Fue así que comenzaron a quitar rejas, ventanas, puertas, lavabos y tazas de baño, todo lo de la cocina entre otras tantas remodelaciones que poco a poco pudieron hacer, pues tienen la esperanza de poder usar todo eso en algún futuro hogar que puedan rentar o comprar.
Fotos: Sergio Aldazaba | IMAGEN DE VERACRUZ
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