Congreso llama atención a cabildos en conflicto; división afecta a ciudadanos

El Congreso del Estado sigue citando a presidentes municipales y ediles que mantienen disputas internas. La comisión de Gobernación señaló que, de continuar los conflictos, la ciudadanía será la principal perjudicada pues sólo llevan 9 meses en el cargo.

Al respecto, el diputado y secretario de dicho órgano legislativo, Paul Martínez Marié, subrayó que se busca conciliar y solucionar las presuntas irregularidades que están reportando los funcionarios municipales.

Indicó que este miércoles fueron requeridas las autoridades de Las Vigas de Ramírez y Uxpanapa para presentarse al Palacio Legislativo, sin embargo, para próximos días también están citadas las autoridades de Amatitlán, Chontla, Coatzintla y Sayula de Alemán.

El legislador de Morena subrayó que resulta preocupante que existan cabildos paralizados ante problemas internos que afectan a los ciudadanos y calificó como “vergonzoso” que algunos de los conflictos hayan llegado a los golpes, como el caso del ayuntamiento de Ayahualulco.

Para el caso de Las Vigas, la síndica Bertha Margarita Espinoza Córdova se pronunció en contra del presidente municipal, la tesorera y la directora de recursos humanos.

La síndica acusó que estos actores políticos estaban ejerciendo en su contra diversos actos y omisiones que obstruían su desempeño como servidora pública en las funciones inherentes a su cargo.

Igualmente, acusó violencia política en razón de género en su contra; del caso, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que no hubo ningún tipo de vulneración a sus derechos.

En el caso de Uxpanapa, Audberto Rodríguez Reyes, regidor único denunció irregularidades en el manejo de los recursos públicos cometidas por el alcalde Alonso Jaimes Ayala.

En concreto, señala que los sellos y firmas oficiales se han falsificado en actas, estados financieros y presupuestos.

Martínez Marie llamó en este sentido a respetar la Ley Orgánica del Municipio Libre, pues ahí está delimitada claramente la función de cada servidor público.

“El problema es que a veces se toman atribuciones que no les corresponden o también en la finalidad de entorpecer el trabajo porque en ocasiones no son del mismo partido político, tratan de bloquear o entorpecer creyendo que le hacen un daño al alcalde pero los que pagan es la población”, dijo.

Reiteró que obedeciendo al pie de la letra la Ley Orgánica, no habrá repercusión alguna de ningún carácter, aunque los ediles sean de partidos políticos distintos.

¿Qué otros municipios tienen conflictos?

El legislador recordó que la Comisión atenderá a diversos ediles en sesiones conciliatorias pues esa es la finalidad de estas reuniones, pero en otros casos, serán otras autoridades las que deberán tener conocimiento y actuar al respecto.

“Sin embargo si ya existiera una situación de delito que ameritara un juicio político ya no nos corresponde a nosotros, sino a la Comisión Instructora”, detalló.

Otros municipios que serán llamados a cuenta son Amatitlán, donde José Alfredo Maldonado Sena, síndico único y el regidor Victorico Zárate Aguirre denunciaron a la presidenta municipal Esmeralda Clara Rodríguez, por “malas prácticas” que actualizarían los tipos penales de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, violencia política y nepotismo.

También está el caso de Chontla, en donde la síndica Arlette Trinidad Chávez denunció al presidente municipal, Néstor Enrique Sosa Peña por violencia de género, al señalar que sus funciones son bloqueadas por el edil.

En Coatzintla, en cuya administración se acusa que el alcalde César Ulises García ha incurrido en nepotismo, violencia de género, autoritarismo, violación de derechos político-electorales, que ha despedido trabajadores sin argumento alguno y que hay opacidad en las licitaciones públicas. 

Sus acusadores son Eunice García García y Enrique García Vázquez, síndica única y regidor respectivamente.

Finalmente, también se llamará a autoridades de Sayula de Alemán, cuya alcaldesa Lorena Sánchez acusó desde la Ciudad de México que estaba siendo extorsionada por la delincuencia organizada y que su menor hijo de 3 años estaba secuestrado.

Sánchez además determinó dar de baja a diversos servidores públicos de su administración: a la secretaria Mirna Celia Castillo; a la contralora Alma Leticia Patiño; al tesorero Rafael González y a la oficial mayor, Beatriz Aguilar.

Igualmente, ha acusado a sus ediles de, entre otras cosas, violencia política en razón de género; los ediles por su parte también han acusado irregularidades de la alcaldesa.