UV, en crisis de legalidad y legitimidad

Nunca antes un rector de la Universidad Veracruzana había generado tanto rechazo dentro de la comunidad universitaria como Martín Aguilar Sánchez. Hoy, su figura representa más un factor de división que de liderazgo, y su actuar se ha convertido en sinónimo de ambición por el poder, incluso a costa de la legalidad.

Pese al evidente descontento expresado por alumnos, académicos, exrectores e incluso exintegrantes de la Junta de Gobierno, Aguilar Sánchez insiste en prolongar su mandato.

Su solicitud de prórroga ha desatado una grave crisis institucional que pone en entredicho los principios que deben regir a toda universidad pública: legalidad, autonomía y democracia.

La ley es clara: el rector debe tener menos de 65 años al momento de su designación. Aguilar ya ha rebasado ese límite, por lo que su intento de mantenerse en el cargo carece de sustento legal. Más allá del incumplimiento normativo, su gestión ha sido ampliamente cuestionada por la falta de resultados concretos y por el deterioro del ambiente académico.

Frente a esta situación, distintas voces de la comunidad universitaria han alzado la voz. En una carta abierta, señalan que la solicitud de prórroga no solo es ilegal, sino que además viola la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía, el Estatuto y el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno. Denuncian también la ausencia de una evaluación formal de su desempeño, así como la falta de una convocatoria abierta que permita comparar perfiles y proyectos de manera justa.

En resumen, se pretende imponer una reelección sin considerar los pobres resultados de su gestión ni el amplio rechazo de figuras relevantes dentro de la propia Universidad.

Esta inconformidad ha trascendido los comunicados y se ha manifestado en marchas y concentraciones en Xalapa, donde la comunidad exige que la Junta de Gobierno defienda los valores institucionales y emita una convocatoria legítima para la elección del próximo rector o rectora.

Sin embargo, el papel de la Junta de Gobierno, hasta ahora, ha sido lamentable: en lugar de actuar con responsabilidad y respeto a la ley, parece haberse alineado con el intento de Aguilar Sánchez por aferrarse al control de la rectoría y, con ello, del presupuesto de la principal institución educativa de Veracruz. Por si fuera poco, convocan a una consulta, que no se enmarca en ley alguna.

Hoy, esta Junta de Gobierno está lejos de garantizar un proceso transparente, democrático y legal. Al contrario, con su inacción o complacencia, avala un procedimiento viciado de origen, cuyo único propósito es perpetuar a una figura cada vez más cuestionada.

La autonomía universitaria no puede ni debe ser usada como excusa para burlar la ley ni para proteger intereses personales. La Universidad Veracruzana atraviesa una circunstancia crítica que representa, también, una oportunidad: reafirmar su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a su comunidad.

En este marco, los tres exrectores de la Universidad Veracruzana, en su etapa autónoma, Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara, emitieron un pronunciamiento público en el que exigen cinco puntos fundamentales: el respeto a la legalidad y la autonomía universitaria; que no se acepte la petición de prórroga del rector; que la Junta de Gobierno se abstenga de interpretar la normatividad institucional, dado que esa no es su atribución legal; que no se excluya a la comunidad universitaria, ni a quienes legítimamente aspiren a ser candidatos; y que la Junta de Gobierno reafirme con hechos su independencia de la administración actual, que está en proceso de concluir.

En la UV, resulta urgente que la Junta de Gobierno rectifique el rumbo, escuche la voz de los universitarios y actúe en defensa de la institucionalidad.

La legalidad, finalmente, no es negociable, y la Universidad Veracruzana merece un proceso de renovación digno, apegado a los principios que la han hecho grande.

@luisromero85