Sigue luto periodístico

Desde el crimen del columnista político de Excélsior, Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984, hasta anteayer lunes 9 en que fueron acribilladas en Cosoleacaque la directora del portal digital El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y su compañera camarógrafa Sheila Johana García Olivera, la respuesta de gobernantes y funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia sigue siendo la misma: no habrá impunidad, no existe complicidad con los criminales y se aplicará la ley “caiga quien caiga”.

Pero el problema es que a lo largo de estos 38 años no solamente los crímenes de periodistas no cesan en México, sino que el número ha ido aumentando sexenio tras sexenio y en su gran mayoría continúan impunes. Hoy, inclusive, el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, cuyo subordinado José Antonio Zorrilla Pérez, a la sazón titular de la Dirección Federal de Seguridad, fue procesado como autor intelectual del crimen de Buendía, es el poderoso director de la CFE.

Lo que el gremio periodístico esperaría es que en vez de prometer que no habrá impunidad se le garantice plena seguridad y que no seguirán repitiéndose los asesinatos.

Este lunes, al informar a través de su cuenta de Twitter que se había activado ya un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por los homicidios de las periodistas, el gobernador Cuitláhuac García reiteró: “Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera”.

“Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El @GobiernoVer ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”, afirmó.

La reacción del mandatario estatal era la obligada, pero lo deseable es que su gobierno erradicara a los grupos criminales que siguen enlutando no solamente los hogares de comunicadores sino también los de miles de familias veracruzanas dedicadas a otras actividades.

Colegas de Yesenia Mollinedo revelaron, por ejemplo, que días antes de su muerte la periodista sureña se mostraba preocupada por presuntas amenazas de extorsión a su familia que se dedica al comercio.

El periodista Omar Vázquez declaró al diario Reforma que semanas antes le había comentado que tenía miedo por dicha situación, sin dar más detalles.

“En su familia son comerciantes; hace unos días a un compañero y a mí nos platicó (sobre la extorsión), a mí por llamada, quedamos de irnos a tomar un café porque no quería hablar el tema por teléfono”, comentó el comunicador veracruzano al diario capitalino.

“A grandes rasgos fue eso, que tenía un tema de inseguridad, el detalle es que los estaban amenazando, aquí es de lo más común el derecho de piso, la extorsión; tengo entendido que venía por el tema del comercio”.

Vázquez expresó que “estamos desprotegidos, con temor, estamos a manos del hampa”.

Otro de sus amigos reveló al diario Excélsior que “nos pidió que le consiguiéramos los números del Batallón de Infantería” y que no dijo más, pero “sí se le notaba preocupada”.

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