Seguridad, estrategia dudosa

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad para su gobierno, la cual encargó a su hombre fuerte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La estrategia está focalizada en seis estados clave: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, y contempla combatir contundentemente la extorsión.

Ojalá que este nuevo intento para abatir la inseguridad resulte más eficaz que la de los “abrazos, no balazos”, que prevaleció en el régimen anterior también de Morena.

Pero hay dudas razonables. Empezando porque la estrategia le fue encargada a García Harfuch, quien, como exdelegado de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, no ha contribuido a esclarecer el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Hace dos años, a principios de septiembre de 2022, el diario español El País publicó dos minutas de la Sedena que acreditan la asistencia a Iguala del actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a una reunión celebrada los días 7 y 8 de octubre de 2018 con los responsables militares y civiles de investigar la desaparición de los estudiantes normalistas.

Los documentos mostrados por el diario madrileño sitúan a García Harfuch en Iguala, Guerrero, el mismo día en que se celebró la reunión que se acusa sirvió para “fraguar” la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la declaración ministerial que la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para imputar los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; imputación que actualmente tiene sujeto a prisión preventiva al exgobernador priista de Hidalgo.

Pero otra duda razonable se debe al encubrimiento de algunos gobernadores presuntamente vinculados con los cárteles criminales. El caso que actualmente está en la mira de la opinión pública es la del sinaloense Rubén Rocha Moya, a quien la Presidenta defendió sin tapujos en su conferencia de prensa de este lunes. 

“No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha”, afirmó Sheinbaum, desmintiendo los informes que han circulado sobre un supuesto seguimiento al gobernador por sus presuntos lazos con Los Chapitos.

Sin embargo, hace tres años, en agosto de 2021, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, acudieron a la sede en Washington de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar formalmente ante el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, la intromisión de grupos del narcotráfico en las elecciones locales y federales de ese año. Precisamente uno de los casos más escandalosos fue el de los comicios de gobernador de Sinaloa, donde horas antes de las votaciones, entre la noche del sábado 5 y la madrugada del domingo 6 de junio, hombres armados del cártel de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán secuestraron a los operadores electorales del partido tricolor en Culiacán, entre ellos al secretario de Organización del Comité Directivo Estatal, José Alberto Salas Beltrán.

El gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, del PRI, no protestó ni rescató a sus correligionarios, quienes fueron liberados por los sicarios al cierre de las casillas electorales. Coincidentemente, el mandatario priista fue designado nueve meses después embajador de México en España.