Registro público, cueva de Alí Babá

El martes pasado, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Fiscal en turno de la Unidad integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Boca del Río, fue presentada una denuncia en contra de Litzahaya Olivares Ariza, Directora del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz. Se abrió la carpeta FECCEV/571/2024.

La querella es por la presunta falsificación de documentos, ejercicio indebido o abandono del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, cohecho, intimidación, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricación equiparada y/o los demás delitos que resulten.

El denunciante es José Manuel Fernández Cabrera, quien el 29 de agosto de 2016 adquirió un predio en la zona denominada "La Pichancha", de la Antigua Hacienda Santamaría Buenavista, del municipio de Alvarado, con una superficie de 826 metros cuadrados. Dicha compra fue avalada por el instrumento público número 106,261 expedido por el entonces notario porteño Pablo Manuel Pérez Kuri, quien falleció en febrero de 2023. Quedó inscrito en forma definitiva bajo el número 2909 el 3 de abril de 2020 en el Registro Público de la Propiedad de la II Zona, de Boca del Río.

La denuncia causará revuelo por evidenciar una impresionante red de corrupción que se tejió al amparo del poder, en una inimaginable alianza de morenistas con panistas del municipio boqueño, coludidos con autoridades municipales del puerto de Alvarado que en su momento presidió Octavio Ruiz Barroso y que incluye también a Gustavo Pavón Alemán como registrador de la propiedad del Registro Público de Boca del Río; a Arturo Nolasco Márquez, Oficial del Registro Público de la Propiedad en esta misma demarcación, y a Joaquín Tiburcio Galicia, titular de la Notaría número 17 en el puerto de Veracruz y hermano de la Síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río, Susana Tiburcio Galicia.

También han sido denunciados los hermanos empresarios Javier y Luis Eusebio Barquín Gómez, considerados "Los Reyes de la Riviera de Alvarado", quienes son señalados de adjudicarse fraudulentamente 26 mil metros cuadrados del Golfo de México a la carretera federal y han lotificado y escriturado, en una amplia red de complicidades, más de 150 mil metros cuadrados sobre lo que aparece en los documentos originales. Si esta cantidad de terrenos se está vendiendo en unos 5 mil pesos por metro cuadrado, el monto promedio ascendería a 750 millones de pesos.

De ese tamaño es el negocio que se ha cuajado gracias a las complicidades que en su momento tejió el alcalde de Alvarado, Tavo Ruiz Barroso. Pero la línea de operación de este descomunal fraude apunta al municipio de Boca del Río que preside el alcalde panista Juan Manuel Unanue, cuyo suplente es José Antonio Gómez Ruiz, exsecretario del ayuntamiento en la administración municipal del actual senador Miguel Ángel Yunes Márquez y esposo de Susana Tiburcio, quien fue impuesta en la Sindicatura como pieza estratégica con el apoyo de su hermano el notario –con gran influencia en el panismo porteño– y de los fraccionadores Javier y Luis Eusebio Barquín Gómez.

A este grupo, por cierto, le atribuyen allegados a Rocío Nahle haber filtrado la información de las presuntas propiedades de la actual gobernadora electa en el exclusivo fraccionamiento "El Dorado", en Boca del Río.