Poder Judicial de Veracruz, un dolor de cabeza

El Poder Judicial de Veracruz enfrenta una profunda crisis; carece de recursos y ante ello, determinó reducir su gasto.

Lo primero que anunció fue el cierre de 29 juzgados en 15 distritos judiciales, con lo que ahorraría 22 millones de pesos.

Sin embargo, el órgano de impartición de justicia determinó que en los próximos dos años podrían darse otras medidas similares, que buscarían eficientar, es decir reducir, su gasto.

La presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero, se refirió al proceso de reingeniería; dijo que se busca asegurar la correcta impartición de justicia, evitando la carga excesiva en el presupuesto.

En el Tribunal veracruzano se adelanta también un proceso para reducir los salarios tanto de los magistrados como de los altos funcionarios; sin embargo, se observa muy difícil que se implementa dicha medida, debido a las resistencias que provocará entre los afectados.

La propia magistrada presidenta ha reconocido que el Poder Judicial opera con un déficit de 500 millones de pesos.

A finales de 2020, en la discusión y aprobación del presupuesto, se determinó reducir los recursos al Poder Judicial por poco más de 281 millones de pesos; en los años anteriores, el tema presupuestal había provocado irritación entre los magistrados.

Pues bien, ese déficit presupuestal del Poder Judicial terminó por hacer crisis durante este año; al interior del Tribunal ha trascendido que se destinarán recursos extraordinarios por 200 millones de pesos, pero los 300 restantes tendrían que salir de economías, por lo cual la presidenta sugirió una reducción voluntaria en las compensaciones de los magistrados, algo así como el 30 por ciento, además del cierre de los 29 juzgados, para asegurar la nómina de agosto a diciembre.

Sin embargo, los magistrados no están dispuestos a ceder en sus prestaciones.

En los pasillos de la Secretaría de Finanzas se habla de una mala administración en el Poder Judicial, que en 6 meses se habría gastado lo presupuestado para todo el año.

El tema no se podría atribuir sólo al gasto en las ciudades judiciales, ni al recorte autorizado en el Poder Legislativo, porque este fue de 281 millones, y el déficit se ubica en los 500 millones de pesos.

Es un asunto que ha puesto sobre la lupa a los actuales responsables del manejo presupuestal del Tribunal; incluso, algunos abogados se han referido a malos manejos; el penalista Tomás Mundo Arriasa, por ejemplo, opinó que en la quiebra del Poder Judicial tiene responsabilidad la presidenta Inés Romero Cruz.

Lo cierto es que el déficit presupuestal del Poder Judicial; el presunto saqueo en el marco de la construcción de las ciudades judiciales; los elevados salarios de los magistrados, y el exceso en el gasto –que incluye la incorporación en la nómina de dos mil 800 personas, entre las que se encuentran desde nutriólogos hasta cocineros–; tienen al Tribunal de Veracruz en una profunda crisis financiera, de credibilidad y confianza; de ahí la desesperación de la magistrada presidenta, que no encuentra la manera de asegurar el gasto durante el segundo semestre del año.

A este paso, el órgano de impartición de justicia está cerca de convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Veracruz; y muy lejos de ser motivo de orgullo.

@luisromero85