Oposición vulnerable

A raíz del caso de los seis jóvenes xalapeños detenidos y encarcelados a principios de septiembre del año pasado por ultrajes a la autoridad –por el cual inició y fue creciendo la confrontación política entre el líder del Senado, Ricardo Monreal, y el gobernador Cuitláhuac García–, la administración estatal del morenista está siendo severamente cuestionada de utilizar la penalización de este delito para intimidar y perseguir a sus adversarios políticos con el presunto fin de anular contrapesos para las sucesiones presidencial y estatal de 2024.

Para quitarse los golpes y evitar cualquier tipo de “sospechosismo” –como diría el panista Santiago Creel–, García Jiménez debió promover de inmediato ante el Congreso local una adecuación al Código Penal del estado para congelar políticamente este candente tema. Inclusive, en vez de descalificar a la Comisión Especial del Senado que investiga presuntos abusos de autoridad y violación de derechos humanos en Veracruz, el mandatario bien pudo nombrar a un representante de su gobierno para que sirviera de interlocutor y diera seguimiento y respuesta puntual a las denuncias que hasta ahora ha recibido el grupo de legisladores que originalmente se unieron para abogar por la presunción de inocencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta del Congreso de la Unión que ha sido implicado en el crimen de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones que fue ejecutado el 4 de junio pasado.

Y es que para entregarle buenas cuentas electorales dentro de dos años y cinco meses al presidente López Obrador y a su sucesor o sucesora, Cuitláhuac García no necesita realmente de seguir echando mano de este polémico delito de ultrajes a la autoridad, pues la propia oposición está por quedar en una condición sumamente vulnerable por encubrir las raterías y abusos de poder de sus alcaldes que acaban de entregar los ayuntamientos, la mayoría de los cuales son presididos ahora por munícipes de Morena y del PVEM y PT, sus partidos aliados.

Por ello es que anteayer, al mencionar el caso del municipio de Rafael Delgado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, exhortó a los nuevos alcaldes a que denuncien todas las tropelías de sus antecesores. Y es que el titular de la Segob reveló que el alcalde Damián Hernández, de Redes Sociales Progresistas, tuvo que llevar hasta su propia silla porque ni eso le dejaron.

Cisneros Burgos dijo que la misma situación de Rafael Lucio se dio también en otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, de la Huasteca y del Totonacapan, pues afirmó que “convertirse en saqueador no es exclusivo de una región, es algo que estaba institucionalizado en el pasado y lo vamos a terminar”.

En Juchique de Ferrer, la exalcaldesa Lizbeth Portilla Gumercindo, exprotegida del yunista Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno actualmente preso, es acusada por su sucesor Cruz Cuevas Hernández de evadir el pago de 10 millones de pesos al SAT y hasta de comprar champaña de 27 mil pesos.