NL Technologies: ¿De a cómo?

Como el presidente López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García han remarcado que “nosotros no somos iguales”, en alusión a los gobiernos corruptos del PRI y PAN que les antecedieron, en Veracruz algunos se preguntan entonces por qué siguen encubriendo desde la Fiscalía, el Congreso local y la Sefiplan a la abusiva empresa regiomontana NL Technologies, la cual ha defraudado a más de 20 ayuntamientos con los cuales se comprometió desde 2017 a prestar servicios de alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos”, incumpliendo los contratos de esta Asociación Público-Privada (APP) y generándoles un grave daño patrimonial a los municipios.

De acuerdo con un estudio que un experto analista financiero nos hizo llegar, esta empresa habría incurrido en una serie de incumplimientos por los que debieron haberle revocado la concesión y rescindirle los contratos.

Entre las irregularidades observadas se destaca, por ejemplo, que el pago mensual está sujeto a una tabla anexa al contrato que debería partir de la base facturada por CFE al iniciar el contrato, pero en cambio se partió de la asignación presupuestal mensual para alumbrado público, lo que contraviene lo dispuesto por el Congreso.

Este pago no se vincula con los consumos reales y futuros y la consiguiente facturación que debería reducirse por el cambio tecnológico.

El aumento del 5% anual que se consigna en las tablas está desvinculado totalmente de los precios de energía, cuyo incremento ha sido sustancialmente menor, quedando la diferencia en beneficio de la concesionaria. Por ejemplo, el precio del kilowatt/hora pasó de 4.588 pesos en octubre de 2018 a 3.736 en octubre de 2020, es decir, en dos años disminuyó 18.6%.

La principal justificación para celebrar estos contratos fueron los ahorros que supuestamente se iban a obtener, suficientes para cubrir el monto de la inversión. Pero los ayuntamientos erogan actualmente una cantidad mucho mayor para cubrir la facturación de la energía eléctrica para alumbrado público.

La concesionaria no entregó las luminarias y equipos desinstalados. Tampoco instaló el número acordado en el contrato. Inclusive ofertó precios excesivos e instaló luminarias y equipos de distintas características a las contratadas, incumpliendo con los requerimientos técnicos.

Tampoco cumplió con el plazo de instalación y los trabajos registran deficiencias de todo tipo, por lo que habría que aplicar, al menos, el monto de la fianza de cumplimiento otorgada.

Los ahorros generados por la sustitución de las luminarias fueron gestionados con retraso considerable ante la CFE, generando pagos excesivos.

La concesionaria no es proveedor de energía eléctrica autorizado porque en su objeto social no figura el abastecimiento de electricidad, por lo que legalmente está impedida para recibir recursos presupuestales por dicho concepto, los cuales se deben pagar a la CFE sin intermediación de la empresa o el fideicomiso, siendo sólo procedente el pago directo o en el esquema regionalizado que opera en la Sefiplan.

Además, el ORFIS observó que los municipios, en su momento (en 2017), incumplieron con los requisitos para la inscripción del contrato de APP en los registros federal y estatal de deuda pública.