Los políticos deben conocer el derecho: Un pilar esencial para la administración pública y la justicia

En el escenario actual de la gobernanza y la administración pública, la relación entre la actividad política y el conocimiento del derecho se ha tornado un factor determinante para el desarrollo justo, transparente y eficiente de los Estados. Para quienes forman parte del sector gubernamental en general —y manifiestan interés en las áreas de derecho, justicia y administración pública— es crucial comprender por qué el dominio jurídico resulta indispensable para quienes desempeñan funciones políticas.

La política, entendida como el arte de gobernar y tomar decisiones que afectan a la colectividad, se articula y se limita por normas jurídicas. El derecho establece los cauces por los cuales deben discurrir las acciones públicas, garantizando la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Un político carente de conocimientos jurídicos corre el riesgo de contravenir estos principios, vulnerando garantías ciudadanas y generando desconfianza en las instituciones.

La administración pública es, en esencia, la ejecución organizada de las políticas públicas. Cada disposición, orden o regulación debe adecuarse al entramado normativo vigente. Los altos cargos políticos y los tomadores de decisiones requieren, por tanto, un conocimiento sólido de las normas que regulan la gestión administrativa, contratación pública, transparencia y acceso a la información. De este modo, se evita incurrir en irregularidades o ineficiencias y se promueven políticas más pertinentes y mejor fundamentadas.

Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley. Para garantizarlo, los actores políticos deben ser ejemplos de respeto a la normativa, no sólo en su cumplimiento, sino también en su interpretación y aplicación. La ignorancia jurídica puede llevar a la arbitrariedad, al abuso de poder y a la erosión de la legitimidad democrática. A su vez, una clase política instruida en derecho contribuye a que la ciudadanía perciba un gobierno justo, fundamentado y digno de confianza.

El sector de la publicidad y la comunicación pública desempeña un papel fundamental en la transmisión de información sobre las acciones y decisiones políticas. Una comprensión adecuada del marco jurídico fortalece la precisión y veracidad del mensaje público, evitando la difusión de información sesgada o errónea que pueda confundir a la sociedad o afectar injustamente la percepción ciudadana sobre la administración y la justicia.

La complejidad inherente a la administración pública y la búsqueda incesante de la justicia exigen que los políticos posean saberes jurídicos sólidos. Esto no sólo mejora la calidad de la gestión y la legitimidad de las decisiones, sino que también fortalece la confianza ciudadana y la credibilidad institucional. Promover la formación jurídica entre los líderes políticos es apostar por sociedades más justas, transparentes y democráticas.