La justicia en vías de transformación

Expone en Law Fare, guerra jurídica, su autora Arantxa Tirado Sánchez: es una estrategia de quienes ejercen el poder económico, mediático, jurídico y político para preservar el statu quo. Con ese objetivo difaman, amenazan, enjuician, desestabilizan, sancionan y destituyen, procurando impedir los cambios sociales y provocando golpes de Estado a través de los congresos o asambleas legislativas.

Guerra legal desarrollada con éxito relativo, ejemplo de ello es lo que ha sucedido contra los gobiernos democráticamente electos de José Manuel Zelaya en Honduras en 2009, de Dilma Rousseff en Brasil, 2016, de Fernando Lugo en Paraguay, 2012, de Evo Morales en Bolivia 2019 y más recientemente contra Pedro Castillo en el Perú, 2022.  En el caso de Perú contra Pedro Castillo, preso, como presunto golpe de estado al tratar de renovar el poder judicial. En Argentina, con Arturo Fernández, aún libre, por denuncia de acoso sexual y corrupción del gasto público. En Brasil, con Lula da Silva, pasó 580 días en la cárcel, pero su condena fue anulada y compitió nuevamente por la presidencia y ganó. En Bolivia el golpe de estado con evidencias de la cínica participación de Estados Unidos,  a través de la OEA,  contra Evo Morales y actualmente las diferencias entre Evo y el actual presidente Luis Arce, también el simulacro del Ecuador cuando era presidente Guillermo Lasso,  quién sí intervino violentamente en el Congreso de Justicia,  pero fue conminado a adelantar las elecciones, con el  antecedente de la crisis de Lenin Moreno contra Rafael Correa,  hasta lograr su sentencia de cárcel y la salida de Correa a Bélgica. Los intentos, fracasados todos, en contra de Daniel Ortega por su férrea voluntad de todo tipo de oposición: mediática, religiosa,  política y sobre todo judicial.

Lo más reciente, bajo proceso de la "judicialización" de la justicia, sucede con el actual presidente de Colombia, donde el Congreso en alianza con los poderes facticos del capital local y extranjero. En Colombia el ejercicio del lawfare se encarna en la persecución inclemente contra Gustavo Petro Urrego, desde que fuese electo alcalde de la ciudad de Bogotá en el 2012, como congresista de oposición y hoy en su condición de presidente de la República desde 2022, por fortuna sin éxito para el pueblo colombiano.

En México, se inició, calladamente, desde 2018 cuando asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en medio de la epidemia del COVID 19,  se dio fuerza la guerra legal contra su administración en el sector salud, a pesar de que recibió hecho un verdadero desastre de los gobiernos neoliberales: privatización descomunal, decenas de hospitales inacabados y sobre todo el control de trasnacionales en medicamentos y equipo médico, a ello se suma la anulación constante de médicos especialistas en todas las disciplinas y la drástica reducción de matrícula en escuelas de medicina en universidades públicas. El Seguro Popular era una financiera, tipo FONDEN,  que se dedicaba a transferir recursos a subsistemas estatales, que a su vez decidían privilegiando la contratación de servicios privados, este mecanismo era una marca y no una prestadora de servicios. Asi desaparecieron desde Fox, Calderón y Peña Nieto mas de 85 mil milllones de pesos del fondo, y otro tanto al FONDEN en cada huracan, ciclón o sismo en el país.  Pero la prensa convencional ocultó y calló descaradamente.

La guerra judicial se aceleró en la infraestrucura del estado: la desaparición de las obras del aeropuerto internacional para convertirlo en una zona de gran riqueza ecológica,  el emigmatico lago de Texcoco, en el tren maya y su riqueza antropológica y cultural,  el corredor interoceanico con su enorme potencial económico, el aereopuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, la transformación de las Islas Marias, la reconstrucción del bosque de Chapultepec, convertir en centro cultural a Los Pinos, y ahí emanaron a granel amparos, movilizaciones de ambientalistas contratados, carreteras tomadas, críticas al unísono de periodistas, analistas de la prensa escrita,  comentaristas, conductores de radio y TV, ligados a los sermones inquisitores de obispos y curas señalados de pederastas, junto a una sociedad civil ficticia, manipulada desde la fallida Frena hasta la evaporada marea rosa, junto a legisladores, empresarios y sobre todo jueces, ministros, magistrados con sus redes (no plazas, eh?) de familiares, amigos, compadres y queridas que han salido a las calles en paro, cobrando sueldos, para gritar, mostrar carteles, levantar lonas maldicientes contra la Cuarta Transformación, esa ue aprobó unanimamente la Reforma Judicial. Y de ahí se desató, descaradamente, la guerra legal financiada por el "Junior Toxico", Claudio equis, que junto a sus partidos compinches,  PAN, PRI  y el extinto PRD, avasallados con la cosigna de recuperar el poder político para consolidar el saqueo, la privatizaciòn y la entrega de los recursos energeticos, mineros, acuiferos, alimentarios de la nación.

El Law fare desbocado con ministros de la SCJN, cuyos sueldos rebasan los 750 mil mensuales ademàs de las prestaciones lujuriosas en gastos médicos privados, automoviles blindados, aguinaldos, primas vacacionales, pagos de celulares, gasolina y todos los exceteras posibles gracias a sus fideicomisos insultantes a una población empobrecida, explotada y jamas protegida por la justicia imperante, solo la que beneficie a los grandes capitales, narcos y delincuentes de la política neoliberal. Y eso que se redujeron sus emolumentos raquiticamente,  mas no los moches y dádivas por amparos y todas las chuladas de la injusta justicia imperante.

Ellos han debido recibir cantidades impresionantes de dinero por amparos, libertad condicionada o mandarlos a su  casa, todos ellos curiosamente exhonerados sabatinamente. Solo permitir que Salinas Pliego deje de cubrir impuestos que rebasan los miles de millones de pesos, el moche debe ser muy jugoso,  al igual que las dádivas de los lideres de cárteles del crimen organizado y sobre todo los políticos delincuenciales de gobiernos neoliberales así como las explotadoras del medio ambiente por el saqueo del agua, la tierra con toda su flora y fauna,  para apoyar a empresas turisticas e inmobiliarias con amparos, amparos y mas amparos.

Como escribiera Juan David Escobar en su columna: Jueces sin vergüenza: "El juez perverso, condena a la paloma y libera al cuervo". La ley, imperfecta como todas, pero también perfectible si no es vana, es el acuerdo fundamental de una sociedad que le permite sobrevivir y hasta prosperar. Pero cuando la ley está al servicio de quienes la incumplen, o incluso es diseñada por ellos como la Justicia Especial para delincuentes; cuando quienes están encargados de ejecutarla y hacerla cumplir parecen secuaces de quienes la violan, ya sea por intimidación o por que coinciden ideológicamente con los delincuentes, entonces la viabilidad de la sociedad es nula".