Después de casi dos años de pandemia, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos, se posicionan como una guía relevante para sobreponernos de los efectos de la crisis provocada por la pandemia.
El paso de los meses nos ha permitido dimensionar el impacto sistémico de la pandemia de COVID-19, la cual ha transformado la realidad social y ha comprometido los avances que a nivel mundial se habían ya alcanzado en la implementación de la Agenda 2030.
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, debido a la pandemia cerca de cien millones de personas en el mundo han sido afectados por la pobreza extrema, miles de niños y jóvenes han abandonado sus estudios y los sistemas de salud pública se han visto comprometidos en todos los continentes. Además, los efectos del cambio climático favorecieron la ocurrencia de distintos desastres derivados de sequías, tormentas invernales y huracanes atípicos.
En este escenario, es importante que todos los sectores, gobierno, empresas y sociedad en su conjunto, retomemos las experiencias aprendidas para dar un nuevo impulso al cumplimiento de la Agenda 2030, la cual tiene elementos fundamentales para lograr la plena recuperación y estar mejor preparados para futuras amenazas y desafíos.
En ese sentido, las entidades de Fiscalización Superior están llamadas a aportar a través del resultado de su labor, esto es recomendaciones para superar los retrocesos y realizar los ajustes necesarios para alcanzar las 169 metas planteadas por la Agenda 2030.
De hecho, la fiscalización de la Agenda 2030 es un tema común en los planes estratégicos vigentes tanto de INTOSAI, OLACEFS y OCCEFS, organizaciones de las entidades de fiscalización superior.
Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, OLACEFS y OCCEFS han implementado diversas acciones para compartir buenas prácticas e incrementar las capacidades de las EFS para auditar los logros que nuestros países han alcanzado en materia de ODS.
Destacó especialmente, las auditorías coordinadas realizadas en el marco de OLACEFS, con el apoyo de organizaciones aliadas como GIZ-Cooperación Alemana, en las que se han analizado desde la preparación de nuestros gobiernos para cumplir la Agenda 2030 así como diversas políticas públicas relacionadas directamente con los ODS, como la segunda edición de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas (relacionado con los ODS 14 y 15), la Auditoría Coordinada a la Vivienda Social (ODS 1 y 11), o la Auditoría Iberoamérica en Igualdad de Género (ODS 5), por mencionar algunas.
La Auditoría Superior de la Federación ha tenido una importante y activa intervención en dichos proyectos. Asimismo, la ASF estableció un procedimiento para revisar los avances del gobierno mexicano en materia de ODS, el cual cuenta con tres vertientes: 1) la participación en las auditorías coordinadas de OLACEFS; 2) la revisión continua, mediante auditorías de desempeño, a las entidades que coordinan la implementación de la Agenda 2030 y a las políticas públicas clave de cada ODS y, 3) la revisión de los avances de México en comparación con otros países.
Asimismo, conscientes de los efectos de la pandemia de COVID-19 en el presupuesto público por las reasignaciones del gasto y la reorientación de prioridades, estudiamos los retos que la emergencia sanitaria impuso al gobierno para mantener los avances alcanzados en materia de ODS e identificamos las áreas de oportunidad que deben ser atendidas para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y realizamos recomendaciones al respecto.
Con estas acciones, la ASF aporta de valiosos insumos para la toma de decisiones y promueve mejoras en la administración pública y en las políticas económicas para reducir la desigualdad y la pobreza extrema en la población.
brunodavidpau@yahoo.com.mx
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