Huachicol, la amenaza que crece en Veracruz

El robo de combustible, conocido popularmente como huachicol, no es un fenómeno reciente en México. Aunque sus orígenes se remontan a varias décadas atrás, fue a partir de la década de 1990 cuando comenzó a intensificarse, hasta convertirse en una grave amenaza nacional y en una fuente de ingresos para la delincuencia organizada.

Las pérdidas económicas que ha sufrido Petróleos Mexicanos por esta actividad ilícita son alarmantes. Entre 2019 y 2024, se estima que la empresa perdió más de 75,000 millones de pesos debido al robo de hidrocarburos. Este delito no solo impacta las finanzas de la empresa estatal, sino también la seguridad pública y el medio ambiente.

Para dimensionar el problema, Pemex reportó en febrero de 2024 pérdidas diarias por 18.7 millones de pesos provocadas por tomas clandestinas en sus ductos.

A través de estos puntos ilegales, se extraen gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas LP, entre otros productos. Es una práctica que además de ser ilegal, representa un alto riesgo para la vida humana, las propiedades y los ecosistemas cercanos.

Las entidades más afectadas por el huachicol incluyen Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y el Estado de México.

Aunque Veracruz no figura entre los diez estados con mayor incidencia, la situación en esta entidad se ha deteriorado notablemente durante la última década.

De acuerdo con datos del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Veracruz registró un incremento del 93% en el número de tomas clandestinas detectadas durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con 58 puntos ilegales identificados entre enero y marzo, Veracruz se ubicó en el duodécimo lugar a nivel nacional.

Los municipios veracruzanos con mayor incidencia son Tierra Blanca, Rodríguez Clara, Oteapan, Isla y Jáltipan, localidades donde la delincuencia ha encontrado condiciones propicias para operar.

Aunque desde la Federación se han implementado estrategias para combatir el robo de combustible, los resultados han sido insuficientes.

Ante dicho escenario, parece urgente que el gobierno fortalezca las áreas de inteligencia financiera y a la vez fomente la participación ciudadana, dado que combatir al huachicol no solo es una tarea de seguridad, sino una responsabilidad colectiva para proteger a las comunidades, el patrimonio público y el entorno natural.

Recordemos experiencias como la que se registró en enero de 2019 en Hidalgo, donde la explosión de un ducto debido a una toma clandestina provocó la muerte de 137 personas.

En los estados con este problema, el riesgo es alto; en Veracruz, por ejemplo,  si en tres meses fueron detectadas e inhabilitadas 58 tomas clandestinas, ¿cuántas seguirán activas?

@luisromero85