La mañana del 18 de octubre Eduardo Edwar Mondragón Hernández, regidor noveno del ayuntamiento de Córdoba, fue detenido acusado, dentro de un delicado proceso, por el delito de violación agravada.
Fueron entonces agentes de la FGE, y unos minutos después, precisamente quizá previendo el proceder de este personaje, que la dependencia emitió un comunicado para informar sobre la captura de Eduardo Edwar "N".
El edil se manejaba como independiente el ayuntamiento que preside el alcalde Juan Martínez Flores.
En el cuerpo edilicio, propios y extraños convivían con esta clase de sujeto en contra de quien procedió la justicia y no por cualquier cosa. El regidor está señalado bajo el proceso penal 680/2024.
Es vergonzoso y de alto cinismo que a estas alturas pretenda el regidor encubrirse bajo el manto de víctima por supuesta persecución política, cuando pesan sobre su persona graves señalamientos. El de violación asentado en el expediente arriba mencionado, pero más aún, no es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones, es decir, las mañas del deshonesto sujeto son viejas.
No por ello, el mismo día de la detención el comunicado de la autoridad judicial se describió bajo la siguiente tónica:
"La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Eduardo Edwar "N", Regidor Noveno del Ayuntamiento de Córdoba, como probable responsable del delito de violación agravada, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será presentado en próxima audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que defina su situación jurídica, dentro del proceso penal 680/2024".
Y es que dos factores son cuestionables:
Uno, es que como se informa arriba, no solo enfrenta un tema, el emproblemado regidor tiene otros casos encima. Además de violación ya había sido denunciado por acoso; y los pendientes del edil quedaron asentados en las carpetas de investigación 1251/2023 y 1252/2023.
Otro: Se trata del regidor que formaba parte de las comisiones de Policía y Prevención del Delito; ornato; parques y jardines; alumbrado público; y Desarrollo Social, Humano y Regional. Por tanto, su captura causó cierto revuelo, sobre todo por tratarse de un funcionario público señalado por un delito tan grave como la violación.
Y es que esto se reaviva porque fueron precisamente algunos familiares que este jueves retomaron el caso para defender a su pariente, detenido y puesto en prisión preventiva, en el penal de La Toma, Amatlán.
Es ahí, desde donde quieren presionar a la Fiscalía para hacer ver de victimario a víctima al susodicho, cuando la fiscalía no podría prestarse a pedir una orden de aprehensión por un delito que es más que grave.
Argumentando entonces una persecución política han hecho un mini plantón en las instalaciones de la Fiscalía, para exigir que se ponga en libertad al edil.
En su desesperación señalan, por cierto, a la síndica de ese mismo ayuntamiento, Vania López por orquestar dicha acción legal o estar detrás de, contra el acusado.
Y es que para meter las manos tanto la Fiscalía como el Poder Judicial tendrían que dejar de hacer su trabajo. Peor tantito, deberían contar con un o una acusadora que se prestara a dicha treta, y si así fuera, la pregunta es, ¿cómo para qué?
¿A esto hay que cuestionar también si la síndica tendría la capacidad, interés o posibilidad de fabricar un delito y convencer a la Fiscalía y al juez de proceder contra otro edil? De igual, forma, como para qué, ¿cuál sería la intención?
No se trata más que de pretender victimizar a Eduardo "N" en algo que meramente tendrá que responder como varón, si acaso lo puede afrontar, en un asunto meramente penal en el que está hasta las manitas por acoso y violación.
A Vania López quien tiene una trayectoria intachable, no le quedará otra más que proceder legalmente contra estas acusaciones. Sobre todo, por la difamación en su contra, respecto a su presunta relación en el caso del regidor Eduardo "N".
Por supuesto que su denuncia será por las infundadas las acusaciones en su contra: "es absolutamente falso que su servidora haya tenido participación, injerencia o influencia alguna ante los hechos que se le imputan, ni mucho menos he intervenido, directa o indirectamente, ante cualquier autoridad ministerial o judicial para promover acción alguna en su contra o a su favor", diría la síndica una vez que se ha enterado de semejante treta.
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