El Gobierno de Veracruz y en particular la Fiscalía General del Estado, se volvió cliente frecuente de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH emitió una nueva recomendación dirigida a la Fiscalía General de Veracruz; ahora, por la presunta violación a los derechos del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel del Río Virgen, preso en el penal de Pacho Viejo, señalado como presunto implicado en el homicidio de René Tovar, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.
A Del Río Virgen, la CNDH lo coloca en calidad de víctima, dado que la Fiscalía de Veracruz habría violado sus derechos y los de su hija, una menor con espectro autista, que le acompañaba al momento de ser capturado.
La instancia defensora de los derechos humanos expuso en su recomendación que se violaron los derechos del colaborador del senador Ricardo Monreal tanto a la seguridad jurídica, como a la libertad personal y al derecho de acceso a la justicia.
El documento, de 37 hojas, consigna que hubo fuerza desmedida en la detención, porque los elementos de la Fiscalía –Policía Ministerial de Veracruz– interceptaron a la víctima en la carretera, apuntándole con armas largas, a pesar de que viajaba acompañado de su menor hija.
Asimismo, la CNDH plantea la necesidad de que se repare el daño, mediante una compensación justa a las víctimas.
Esta recomendación no es la primera; de hecho, la fiscalía estatal acumula un rosario de documentos similares: el 30 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 146/2021 por el tema de los seis jóvenes encarcelados en Veracruz, señalados por el delito de ultrajes a la autoridad. En ese caso, la instancia documentó violaciones a los derechos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, “derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz”.
Posteriormente, a principios del presente año, la CNDH emitió una nueva recomendación, la 51VG/2022, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra una mujer, quien habría sido torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz por parte de policías ministeriales.
En el caso de José Manuel del Río, el gobernador Cuitláhuac García declaró este martes, en conferencia de prensa, que levanta suspicacias tanto la recomendación de la CNDH como el trabajo del juez que otorgó un amparo al detenido.
Dijo el gobernador que el trabajo del juez demuestra que “la ley se puede torcer a conveniencia del presunto homicida sólo porque tiene amigos pudientes”, en franca alusión a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, quienes han insistido en la inocencia de José Manuel del Río.
De igual manera, el ejecutivo estatal acusó que el juez federal pretende imponerse al juez de control que procesó al secretario técnico de la Jucopo, una situación que cualquier estudiante de primeros semestres de Derecho entendería como normal, debido a un tema de mayor jerarquía en la función judicial.
En pocas palabras, no basta con que el ministerio público o un juez estatal establezcan que existen elementos para vincular a proceso a un detenido, porque al final, en el sistema de impartición de justicia existen instancias superiores, como la del Poder Judicial de la Federación; sin esos recursos, por ejemplo, jamás hubiera recobrado su libertad Alejandra Cuevas, encarcelada durante casi dos años por la muerte del hermano del poderoso fiscal Alejandro Gertz Manero.
@luisromero85
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