Esmeralda.

En días recientes el nombre de Esmeralda resonó en los medios de comunicación, una niña de 14 años, indígena, originaria de Huimilpan, Querétaro, quien fuera víctima de violación a manos de un familiar tres años mayor que ella; así, ocho meses después, sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo, acudió al hospital y fue denunciada a las autoridades por el personal de Salud de esa Entidad.

La Fiscalía la acusaba de homicidio doloso y pedía tres años de cárcel para ella, con una compensación económica para su presunto violador por medio millón de pesos mexicanos. Mientras todo esto ocurría Esmeralda se encontraba en arresto domiciliario en su hogar, al cuidado de sus familiares.

Lo ocurrido con esta niña indígena pone nuevamente a México frente al espejo de su machismo y su misoginia, la fuerza del Estado se impuso en contra de una niña, pobre, de una comunidad indígena, sin ningún acceso a la educación sexual y que fue considerada en un inicio como la única responsable del aborto espontáneo y muerte del producto del embarazo, violentando el principio de presunción de inocencia.

Se debe mencionar que Esmeralda denunció oportunamente la violación sexual de la que había sido sujeta a manos de su primo hermano, la fiscalía decidió cerrar la investigación por falta de pruebas, acusaron a la víctima de dar declaraciones contradictorias y dieron por cierto el testimonio exculpatorio del agresor.

No obstante, posteriores análisis de ADN dieron la razón a Esmeralda que señalaba a su familiar como responsable de los hechos.

Después de la intervención directa del Gobierno Federal, la Fiscalía Queretana desistió de la acusación contra Esmeralda y retiró todos los cargos, pero con esto no desaparece el daño emocional y en su honra que le causaron, pues durante un año las autoridades ejercieron violencia institucional contra ella, convirtiendo un auténtico infierno su vida.

El gobierno mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y en consecuencia, debe hacer realidad los derechos humanos, incluidos los relativos a la salud, la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y niñas. (Art. 1º de la CPEUM).

Las autoridades del Estado de Querétaro incumplieron con esta máxima constitucional, no estuvieron presentes para cuidarla antes, durante, ni después. Ni cuando fue abusada sexualmente, ni cuando denunció, ni cuando acudió al hospital.

El aborto en México es considerado como un crimen, sin tomar en cuenta que la vida y la salud reproductiva de millones de mujeres depende de prejuicios, creencias religiosas, cárcel y muerte. No es la primera vez que en las fiscalías del país actúan de esta manera, más, si se trata de una sociedad tan conservadora como Querétaro, donde al aborto sigue siendo visto como una conducta delictiva.

El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos.

Además, es un derecho humano y Constitucional de la mujer "decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos". (Párrafo segundo, art. 4º de la CPEUM).

Desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ninguna mujer puede ser criminalizada en México por abortar, sin embargo, casi la mitad de los Estados todavía mantiene el delito de aborto dentro de sus códigos penales.

Al día de hoy, se cuentan con 14 Entidades Federativas de 32, que han despenalizado el aborto y se permite el aborto legal por decisión de la mujer la mayoría hasta las 12 semanas de gestación, estas son: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Baja California, Colima, Hidalgo, Veracruz, Coahuila (2021), Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo (2022), Aguascalientes (2023), Puebla y Jalisco (2024).

Cuando los servicios de aborto seguros y legales están restringidos sin justificación o no se encuentran plenamente disponibles, esto pone en riesgo una variedad de otros derechos humanos protegidos internacionalmente, como el derecho a no sufrir discriminación, a la igualdad; a la vida, la salud y la información; a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos e hijas;  la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico y a la libertad de conciencia y religión. (Fuente: www.hrw.org).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que las complicaciones en el embarazo y el nacimiento son la causa principal de muerte de niñas y mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, y que las niñas de entre 10 y 14 años tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud y de muerte debido al embarazo que las personas adultas. También ha concluido que eliminar las restricciones al aborto redunda en una reducción de la mortalidad materna.

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño ha exhortado a los Estados a "que despenalicen el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a que revisen su legislación para asegurar que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas y se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto.".

El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud sostiene que "las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, deben eliminarse.".

México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 340 mil nacimientos anuales en menores de 19 años, es decir, casi un mil nacimientos diarios. "Es muy importante que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a educación sexual en las escuelas para que puedan evitarse situaciones como la de Esmeralda" manifestó la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández. 

No se puede olvidar que los derechos humanos no tiene religión, vivimos en un Estado laico, las leyes y las políticas públicas no se pueden encaminar en función de creencias religiosas, si no en aras de la protección de la salud, la vida y seguridad jurídica de sus gobernadas.

Aún queda un camino largo y tortuoso por recorrer en cuanto a la despenalización del aborto, sin embargo, desde Alguien como tú seguiremos insistiendo en la concientización de las autoridades legislativas para que se observe el derecho convencional y se haga Justicia a las mujeres y las niñas mexicanas en este rubro, no queremos más casos como el de Esmeralda...