El largo camino para derogar los ultrajes

Las señales sobre la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz resultan contradictorias: si bien el ejecutivo estatal ya turnó la iniciativa correspondiente al Congreso local, la defensa de dicha figura penal, por parte del mandatario, ha sido una constante en sus conferencias de prensa.

Luego de la exigencia de barras y colegios de abogados para derogar dicho ilícito del Código Penal del Estado y tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Cuitláhuac García anunció el 13 de enero el envío a la Legislatura de la propuesta para la derogación. En conferencia de prensa, dijo aceptar la recomendación del 21 de diciembre de la CNDH, que planteó la necesidad de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en Veracruz.

Así lo hizo el gobernador: el lunes 31 de enero turnó al Congreso la propuesta para derogar un ilícito declarado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional.

Lo hizo a regañadientes; ha declarado García Jiménez que la derogación de los ultrajes a la autoridad dejará en la indefensión a los policías ante agresiones de la delincuencia; y que 40 jefes de plaza del crimen organizado saldrían libres.

Dijo también que no es un tema nuevo, sino que se remonta a gobiernos anteriores; y señaló a los opositores a Morena por aprobar ese tipo penal.

De igual forma, argumentó el mandatario que la derogación es un jugoso negocio de los abogados; y lo más reciente, que la delincuencia pagaría a los licenciados para hablar contra los ultrajes.

Sin embargo, ninguno de esos argumentos parece sólido; es muy complicado, por ejemplo, denunciar un contubernio entre el hampa y los litigantes, sin tener pruebas de ello.

Este martes, el ejecutivo veracruzano retomó su defensa de la penalización del delito de ultrajes; antes había declarado que ya cumplió con la recomendación de la CNDH, al enviar la iniciativa para su derogación; por tanto, el tema se encontraría en manos de los diputados locales, a quienes por otro lado parece no correrles prisa.

Incluso, desde la Legislatura surgieron declaraciones sobre la organización de foros de consulta; una táctica dilatoria.

Al final, lo evidente, dadas las reiteradas declaraciones del ejecutivo estatal en defensa de ese tipo penal, es la falta de disposición para su derogación; y que el envío de la iniciativa al Congreso sólo obedeció a una estrategia para evitar señalamientos por incumplir la recomendación de la CNDH.

Recordemos: la CNDH tiene la facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de aquellas autoridades que no acepten o cumplan las recomendaciones emitidas. Probablemente para no incurrir en dicho escenario, el ejecutivo veracruzano envió la iniciativa para derogar los ultrajes, pero para concretar esa medida, en la Legislatura podrían llegar tranquilamente hasta 2024.

Mientras tanto, las acciones iniciadas por un grupo de abogados veracruzanos y los familiares de las personas detenidas por este delito continuarán; así como las protestas del llamado “Movimiento por la Justicia”, que buscará convertir en bandera la lucha contra el autoritarismo, la represión y la persecución de opositores.

@luisromero85