El cambio obligado en la Fiscalía

Mientras en lo político acaparó la atención el aterrizaje forzoso de los Yunes a Morena, otro tema crucial para los veracruzanos pasó a segundo plano: la inminente salida de Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General del Estado.

Y es que aunque se haya desviado el tema afirmando que todo fue un falso rumor, lo cierto es que la permanencia de Hernández Giadáns lleva cuenta regresiva, solo falta que se termine de definir el perfil que deberá suplirla.

Desde su creación, la Fiscalía ha estado marcada por la inestabilidad. Ninguno de sus titulares ha concluido el periodo constitucional de nueve años.

Luis Ángel Bravo Contreras, impuesto por Javier Duarte, terminó en prisión acusado de desaparición forzada. Jorge Winckler Ortiz, designado por Miguel Ángel Yunes, fue detenido tras permanecer prófugo, acusado de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro.

Verónica Hernández, impulsada por el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros, aún no enfrenta problemas legales, pero su gestión ha sido deficiente.

Ninguno de ellos llegó con experiencia en el sistema judicial. Bravo Contreras provenía del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; Winckler era abogado civilista cercano a los Yunes; Hernández no tenía antecedentes en procuración de justicia.

La constante ha sido la designación de perfiles políticos, una práctica que ha mantenido a la Fiscalía atada a intereses ajenos a su labor.

En este contexto, en los pasillos de los juzgados, la Fiscalía y el Congreso del Estado comienza a sonar un nombre que hasta ahora había mantenido un bajo perfil: José Clemente Zorrilla.

Juez del Poder Judicial del Estado con más de 20 años de trayectoria, su nombre ha sido mencionado entre quienes entienden de justicia como una opción seria para encabezar la Fiscalía.

A diferencia de quien está y quienes han estado, incluso de quienes aspiran a llegar a la Fiscalía, José Clemente Zorrilla está alejado de la grilla y los compromisos políticos, proviene del ámbito judicial y ha señalado con claridad las deficiencias del sistema, proponiendo soluciones concretas como la digitalización de procesos y la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Su enfoque prioriza la profesionalización de los fiscales y la autonomía del Ministerio Público, dos aspectos clave para una transformación real de la institución.

Para la gobernadora Rocío Nahle García, el nombramiento del próximo fiscal será una decisión estratégica aunque pase por el tamiz de las y los diputados, y se menciona que el perfil del juez Zorrilla no le desagrada en nada, de hecho, todo lo contrario, ya que además de que no se ha involucrado en la rebatinga que se disputa en el mismo Congreso del Estado por la FGE, puede fácilmente tener referencias de su circulo inmediato o sus aliados en el Poder Legislativo y Judicial sobre el juzgador, que figuraría como su próximo aliado en la impartición de justicia y dejaría en el camino a quienes ya se veían en el puesto, como el diputado Diego Castañeda Aburdo -impedido por la misma Ley por el cargo que ocupa- y la excontralora del Estado, Leslie Garibo Puga, quien busca acomodarse en lo que sea.

X: @VictorToriz