Dante: ¿aguantará la presión?

Los 11 gobernadores electos postulados por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) fueron los primeros invitados por el presidente López Obrador a comer con él este jueves en Palacio Nacional.

El miércoles, a su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió al de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, excandidato de la alianza PVEM-PT, sin Morena. 

El encuentro de Gallardo con la exministra de la Suprema Corte llamó la atención porque el virtual gobernador potosino y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, son investigados por  la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por armar una presunta red de lavado de dinero y desviar más de 734 millones de pesos de los municipios de Soledad Graciano y de la capital San Luis Potosí, cuando fueron alcaldes. 

Además, desde hace un año, la FGR dio a conocer también otras dos nuevas carpetas de investigación contra “El Pollo” Gallardo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado de denuncias de la UIF, por lo que legisladores del PAN están urgiendo a las autoridades a que concluyan las indagatorias antes de que el gobernador electo asuma constitucionalmente el poder.

En el mismo caso está el de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), quien según López Obrador ya le solicitó audiencia pero no lo ha recibido aún.

Extrañamente, ni el senador Dante Delgado, ni el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ni el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le han levantado la mano.

Y es que sobre García pesan tres investigaciones: una sobre sus gastos de campaña, origen y destino de los recursos; otra acerca de la red de empresas de su familia y la danza de miles de millones de pesos, y una tercera sobre la presunta triangulación de recursos públicos de Jalisco a la campaña de MC en Nuevo León.

No sólo Santiago Nieto, titular de la UIF, sino también el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa del pasado lunes, confirmaron ya algunas de esas investigaciones, lo que pondría en peligro la confirmación de Samuel como gobernador electo e incluso hasta el registro de MC.

Según analistas regiomontanos, el gobierno de la Cuarta Transformación se propondría dejar pasar cualquier presunto ilícito del nuevo gobernador naranja y las posibles implicaciones del dinero público transferido desde Jalisco, a cambio de que MC se comprometiera a apoyar las iniciativas clave de AMLO que exigen mayoría calificada en la Cámara de Diputados para promover cambios constitucionales. 

No le pedirían que MC fuera otro aliado incondicional como el PVEM, sino sólo que asegurara los votos de la bancada naranja en cuatro o cinco temas estratégicos de los muchos que turnará López Obrador a la nueva Legislatura federal.

Treinta días después de que el 1 de septiembre próximo arriben los nuevos diputados, se verá si hubo acuerdo o no, pues el cambio de gobernador de Nuevo León será hasta el 2 de octubre.