Comprometen a Cuitláhuac

A finales de agosto de 2019, el aún titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, declaró vía telefónica a varios noticieros radiofónicos de la Ciudad de México que durante esos primeros nueve meses de la administración estatal de Morena se había reunido muchas veces con el gobernador Cuitláhuac García “y no veo que sea un tipo mal intencionado, pero creo que alrededor de él hay gente que lo mal aconseja”, añadiendo que “puede ser por falta de experiencia o porque su grupo le quiere causar daño”.

Y es que en esa ocasión, luego de que en su conferencia de prensa el presidente López Obrador diera a conocer una información errónea proporcionada por el gobierno de Veracruz sobre el presunto autor material del multihomicidio en el centro nocturno “Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, el abogado yunista había salido a aclarar que no fue la Fiscalía estatal a su cargo la que tres semanas antes de la masacre había liberado a Ricardo Romero Villegas, (a) “La Loca”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa plaza porteña, sino que había sido el Ministerio Público federal.

La semana anterior, la FGE, que desde hace más de tres años encabeza Verónica Hernández Giadáns –una incondicional del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, con quien colaboró hasta septiembre de 2019 como directora Jurídica de la Segob–, chocó con la Coordinación Nacional Antisecuestro por la detención equivocada de un joven repartidor de comida rápida y estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa, quien resultó ser homónimo de Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, presunto asesino de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García, ejecutadas el 9 de mayo en Cosoleacaque.

Sin embargo, la desinformación y medias verdades que le sueltan sus colaboradores colocan al gobernador en situaciones cada vez más comprometedoras. El último caso, el de Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida desde el 18 de mayo en Ciudad Cardel y cuyo cadáver habría aparecido este martes en Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, ha puesto al mandatario veracruzano en un serio aprieto legal luego de haber declarado días antes que “ella no está desaparecida, ya la tenemos resguardada”.

Inclusive, como parte de la indagatoria ministerial, la fiscal Hernández Giadáns estaría obligada a tomarle declaración a García Jiménez para que diga por qué informó que la víctima no estaba desaparecida y qué autoridad la tenía bajo su resguardo, ya que el supuesto cuerpo de la joven apareció desmembrado.

Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua, es un punto estratégico que por su conexión carretera hacia el noreste, centro y sureste del país operan desde hace más de 30 años grupos criminales.

Se sabe de algunos empresarios que recientemente han sido víctimas de comandos armados que asaltan sus residencias. Pero temen denunciarlos formalmente porque presumen que estarían coludidos con la policía estatal, cuyos elementos ya fueron exhibidos por robo por una familia de estadounidenses que en diciembre de 2018 vinieron a pasar las fiestas de fin de año con sus parientes en Santa Rosa, congregación cercana a Cardel pero perteneciente al municipio de Actopan.