El pasado viernes 5 se instaló la LXVI Legislatura local y, por lo que se ve, los integrantes de la menguada oposición –nueve diputados del PAN, tres del PRI, dos del PRD, dos de Movimiento Ciudadano y uno de Fuerza por México– no sólo carecen de la fuerza numérica para hacerle contrapeso a las bancadas de Morena y sus aliados PT y PVEM, que en total suman 33 de las 50 curules, sino que ni siquiera están proyectando la esperada congruencia política correspondiente al voto del electorado que sufragó por ellos.
Y es que ese mismo día, el expanista Domingo Bahena Corbalá fue ratificado con 49 votos para continuar tres años más en la Secretaría General del Congreso del Estado.
El cuestionado exalcalde de Jáltipan buscaba fuero legislativo como candidato plurinominal de Morena, pero no alcanzó curul; sin embargo cayó parado, pues fue reelecto para ocupar la misma poderosa posición administrativa que maneja todos los recursos humanos, materiales y financieros –casi 800 millones de pesos anuales– del Poder Legislativo.
La ratificación de Bahena ha sorprendido porque ni siquiera cumple con el código de ética de Morena, que exige a sus funcionarios “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, pues desde hace tres años está implicado en un juicio civil, en el que de acuerdo con el expediente número 681/2018/III, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, le están reclamando el pago de más de 808 mil pesos por 38 meses de renta –más otros 18 mil pesos por pago de servicios de agua y luz– que hasta ahora adeuda a los dueños de una bodega ubicada en la colonia Rafael Lucio y la cual ocupa desde el 1 de diciembre de 2017, luego de que se la traspasó Asael Alor Hernández, uno de sus presuntos socios que aparecía como representante de la empresa Gottigen Latinoamérica, S.R.L. de C.V., con domicilio fiscal en Coatzacoalcos.
Desde que asumió la Secretaría General del Congreso local en 2018, el expanista ha estado evadiendo a los actuarios del Poder Judicial con diversas artimañas para ser notificado de las diligencias, por lo que el pasado jueves 4 –un día antes de ser ratificado por la LXVI Legislatura entrante– los representantes legales de la arrendadora lo acusaron formalmente de rebeldía ante el juez, ya que señalan que el funcionario del Poder Legislativo no ha realizado la contestación de la demanda, misma que fue emplazado desde el día 2 de octubre pasado, solicitando no se le admitan las pruebas que ofrezcan, toda vez que al no contestar ni controvertir los hechos, ni el capítulo de derecho, no tiene nada que probar, al haber sido omiso.
Y es que días antes quisieron hacer creer a dicho Juzgado que la persona que recibió la notificación de emplazamiento no conocía al demandado, por lo que hacía la devolución de la citada notificación, cuando lo cierto es que sí se le entregó el emplazamiento y desconoce el escrito apócrifo presentado por los abogados de Bahena, quienes pretenden valerse de las influencias políticas para defraudar a la arrendadora.
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