68 % de indígenas contrajeron matrimonio entre los 9 y 19 años

La Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo con el cual ha exhortado al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refuercen las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas.

Fue propuesto por un senador del PRI, secundado por una del PAN y aprobado unánimente por el Pleno de los 37 legisladores.

En el mismo dictamen, se ha extendido el exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que, “a través de las áreas de educación indígena, realice las actividades de información y prevención sobre esta materia entre adolescentes indígenas y entre padres de familia y se informe a las autoridades de las entidades federativas que tengan más del 30 por ciento de población indígena dentro de su población total”.

Dijo en tribuna el senador priísta Manuel Añorve Baños: “Según Unicef, cada año más de un millón de niños, particularmente niñas, se ven involucrados en la industria del sexo a través de la prostitución, la pornografía o alguna otra figura delictiva.

“Lamentablemente, millones de niñas y niños en todo el mundo han sido arrastrados en contra de su voluntad, secuestrados, vendidos o adoptados en beneficio de redes dedicadas a la prostitución y a la pornografía.

“Esta triste realidad los está llevando por un camino peligroso, que podría tener consecuencias catastróficas tanto para su salud física como para su bienestar mental.

 “En México, en pleno siglo XXI, muchas niñas todavía son vendidas y obligadas a casarse por usos y costumbres.

“De acuerdo con datos oficiales, el 68 por ciento de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años, pero también existen casos de sustracción y venta de menores para adopción o para el cultivo órganos para su venta en el mercado negro.

 “En 2012, por ejemplo, se expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

“En 2019, el Congreso de la Unión modificó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio con personas menores de edad y hoy, con la aprobación de este dictamen se continúa esta lucha por erradicar este delito que, sin duda, es uno de los más lacerantes para la sociedad”.

Quien secundó en tribuna a Añorve fue la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien dijo: “El abuso no sólo se da en comunidades indígenas. También ocurre en no indígenas, sobre todo por la falta de conocimiento y educación de muchos padres.

 “De ninguna manera la venta de niñas y mujeres jóvenes es una costumbre, ni forma parte de los sistemas de las culturas indígenas, ni está reconocida por las autoridades tradicionales.

“Cualquier acto que implique el intercambio de dinero en efectivo por una menor, constituye un delito y debe ser investigado y sancionado; constituye una violación de sus derechos humanos, es violencia de género y un delito de trata, hay leyes que lo sancionan.

“Los casos de Guerrero denunciados por las organizaciones civiles deben ser investigados y los culpables castigados; de acuerdo con la legislación vigente, no debe soslayarse el impacto de la presencia del crimen organizado, que muy posiblemente esté incidiendo en los casos denunciados.

“Lo que sí pertenece al ámbito de las culturas indígenas es la tradición de los acuerdos matrimoniales, se asumen con gusto porque forman parte de su cultura, generalmente con grandes fiestas para mostrar la alegría por los nuevos novios.

“El matrimonio es una práctica regulada por sistemas normativos y está acompañada de rituales para mantener una vida colectiva, los acuerdos entre los padres se celebran con los debidos rituales y la entrega de presentes, de alimentos y bebidas para celebrar las nuevas alianzas matrimoniales; los padres del novio van acompañados de los pedidores y mayores de la comunidad quienes, además, dan los consejos a los jóvenes novios, son quienes acuerdan la dote, los recursos para la fiesta y también lo que su familia y la comunidad espera de ellos.

“Esto es, que sus hijos los lleven a una nueva relación entre familias y cómo educar a sus hijos en una sociedad indígena.

“La base de la dote corresponde a cómo van a vivir los padres de la novia sin el trabajo y el dinero que ella aportaría a la familia. Por ello, se acuerda la dote en forma de trabajo, de animales o de dinero para que se restituya o mantenga esa familia, cuando menos con el bienestar que tenían.

“Los aportes del novio a la familia de la novia se acuerdan mutuamente en condiciones de igualdad y con los compromisos de los padrinos y los parientes mayores.

“La dote no es el pago ni venta, sino una forma de compensar y apoyar a la economía de la familia.

“Si en acuerdo solo se aporta dinero en vez de trabajo o especie, no puede ni debe ser considerado una mercantilización de las mujeres o de las niñas, lo que traicione esa tradición es delito y debe denunciarse y castigarse, pero no debe confundirse ni debe estigmatizar a los pueblos indígenas con visiones que no forman parte de sus culturas o de sus tradiciones.

“Por eso quiero hacer esta precisión: si en alguna comunidad indígena hay una compra que no tiene que ver con un ritual o con una tradición, se tiene que investigar y se tiene que castigar”.

Todos, al final, aprobaron el exhorto.