Evolución del golpismo en América latina

Primero con la operación Condor, ese proyecto paramilitar que se implementó como marco para homogeneizar prácticas de persecución a los opositores. Se desarrolló durante 1940-1979,  en países libres y soberanos con gobiernos progresistas. Lo que se sabe es que Cóndor vía la CIA, nació siendo un acuerdo secreto. En América Latina, a partir del golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz, en 1954, se fomentó este nuevo tipo de golpe de Estado en la región. En el Cono Sur, se sucedieron varias acciones golpistas: el de Brasil en 1964, el de Argentina en 1966, Panamá 1968, Bolivia en 1971, el golpe de largo aliento en Uruguay en 1973, el de Chile de 1973 y, cerrando el ciclo, el de Argentina en 1976. Fueron golpes de Estado institucionales de las Fuerzas Armadas, regidos por la Doctrina de Seguridad Nacional y que tenían un proyecto de refundación de las relaciones sociales a partir de modelos de una democracia controlada. Presidentes electos libremente fueron asesinados tras golpes de Estado, Jaime Roldós de Ecuador, Omar Torrijos en Panamá, Árbenz en Guatemala, Allende de Chile.

En su segunda etapa, el Consenso de Washington, bajo el resguardo del FMI y del Banco Mundial, con el pretexto del libre mercado en la globalización, fue la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos para mediatizar los procesos democráticos de Latinoamérica través del nuevo enfoque del neoliberalismo, puesto en práctica inicialmente en Chile con Pinochet, y que en los ochenta se extendió a toda América Latina y El Caribe. Devastando los recursos energéticos, minerales y naturales, en medio de un proceso privatizador alucinante durante más de treinta años.

En la tercera etapa, entra el Lawfare, el golpe de estado judicial. “El término nació en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar, explican desde la Fundación del Español Urgente. No obstante, la definición actual de lawfare es el "uso de acciones legales para causar problemas a un oponente", de acuerdo con el diccionario de Oxford que precisa que el término designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Aunque se traduce del inglés como "guerra jurídica", hoy en día se propone el uso de otras expresiones, como persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”. (M. Sánchez. ¿Que es el Lawfare?, El Mundo. España).

Este término, lawfare, fue ampliamente utilizado en Latinoamérica a principios del siglo XXI para explicar causas judiciales como la de los ex presidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva o las acusaciones de corrupción a la argentina Cristina Fernández de Kirchner o al ecuatoriano Rafael Correa. A Evo Morales en Bolivia, o a Pedro Castillo en Perú y más recientemente con Petro en Colombia y López Obrador en México. Todos gobiernos progresistas y democráticos.

Con el paso de tiempo, la izquierda ha ido reconfigurando el concepto de guerra jurídica para denunciar un tipo de acoso y derribo a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los tribunales, dando así una apariencia de legalidad a una operación oscura. Como muestra de lo anterior, alentó la teoría de la conspiración por parte de jueces, policías, medios de comunicación, la iglesias y grandes empresas. Es el nuevo golpismo. En este sentido, se da otra explicación del concepto moderno de lawfare en la red social X (antigua Twitter): "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial".

El desquiciamiento del poder judicial ha ido “in crescendo” en varios países de la América nuestra, al grado que ha arrastrado al mismo Estados Unidos, y que se acrecienta salvajemente en este 2024, año electoral en casi todo el mundo.

Esta nueva guerra judicial, se apoya en sus cinco etapas concebidas por Gene Sharp: la primera el ablandamiento, vía medios de comunicación, iglesias y redes sociales. La segunda la deslegitimación, manipulando los principios anticomunistas o anti populistas, la tercera el calentamiento de calle, la movilización ciudadana inducida y acarreada con fines de preservar los intereses afectados, la cuarta la combinación de diversas formas de lucha, guerra psicológica a través del rumor que asuste a la ciudadanía desinformada y finalmente la quinta, la fractura institucional vía rumores, fake news, chismes sobre violencia social, inseguridad por el crimen organizado, creando pavor social por la aniquilación de esa democracia ficticia, enquistada desde los fines del Consenso de Washington.

En México están confluyendo cronológicamente, el golpe blanco de Sharp, ante el proceso electoral que se avecina. Con mayor rigor en Venezuela y Cuba. Y últimamente con severidad en Chile y Colombia. El Lawfare se apoya no solo del poder judicial de jueces, ministros y magistrados, sino que se fortalece incondicionalmente en los medios de comunicación masiva: TV, radio y Prensa, por la alta jerarquía eclesiástica, las castas políticas desplazadas y sobre todo el expansionista capital nacional y trasnacional.