Veracruz | 2020-07-20 | Laura Morales
La empresa petrolera Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo se niega a entregar a los familiares de trabajadores muertos por COVID-19 los registros clínicos de sus exempleados, pues son requisito para cobrar los seguros de vida y asegurar a sus hijos.
Andrea Esquivel Montero, esposa del veracruzano César Augusto Fernández Ramón, fallecido el pasado 13 de junio en una clínica del IMSS de Ciudad del Carmen, reportó que su compañero de habitación tenía coronavirus, no lo bajaron del barco y aunque también empezó a presentar síntomas le diagnosticaron gripa y lo dejaron a bordo una semana sin atención médica.
Narró que Sergio Hugo Espinoza, compañero de cuarto de César, cayó en cama con síntomas de COVID-19 pero le diagnosticaron resfriado.
Tres días después César Augusto se contagió, porque no lo quisieron aislar y tampoco le dieron la atención médica que tanto pidió y demandaba su deterioro de salud.
Por mensaje le alcanzó a escribir el 5 de junio a su esposa: “ya empecé con tos y fiebre, pero no pasa nada, espero regresar bien con ustedes. El doctor dice que es una gripa normal, pero sí me preocupa. Comparto cabina y oficina con Hugo”.
Sergio Hugo fue bajado de plataforma el 8 de junio pues ya escupía sangre, mientras que César esperó dos días más y todavía lo trasladaron en lancha 6 horas hacia tierra porque la empresa no quiso hacer uso del helicóptero.
Le dijeron que no se veía en mal estado y juntó con él hicieron viajar a 60 personas más.
Fernández Ramón, quien era coordinador de Control de Obra de la empresa, falleció la madrugada del sábado 13 de junio en un hospital de Ciudad del Carmen, un día después que muriera Hugo.
“A los que no bajaron les pidieron que se esperaran a revisión en tierra. Había la opción de traerlos en vuelo, pero los administradores no quisieron. César no tenía por qué haber muerto”.
Andrea viajó desde Veracruz a Ciudad del Carmen el 10 de junio y ya no pudo hablar con él pues estaba internado, solo recibió un mensaje suyo en el que le pedía que lo sacara de ahí.
El trabajador falleció y las cenizas fueron entregadas a su esposa.
Desde ahí la familia lucha contra la empresa para que les den lo justo.
Su marido siempre le dijo que existía un seguro de vida de 500 mil pesos otorgado por la empresa en caso de muerte y no se lo quieren entregar, incluso la sarcástica abogada Amada “N” soltó una carcajada en su cara.
Para no darle el historial clínico y no pueda cobrar la compañía pretendía persuadirla diciéndole que se harían cargo de todo.
“Yo lo pedí, el mismo día, necesito el reporte clínico, porque obviamente me lo van a pedir para muchos trámites, y me dijeron en el seguro que no me lo podían dar, que eso no me lo podían dar, que solo se lo podían dar a quien ingresó al paciente, que en este caso era la empresa”.
El 26 de junio, Andrea Montero escribió una carta al director de la empresa, donde le solicitaba el reporte clínico de su esposo, y le comentaron que tardaban 4 días en buscarlo y otros cuatro días en desinfectarlo, pues había estado en área COVID y no podían entregarlo de forma rápida, por su seguridad, pero a un mes no han entregado nada, ni se han comunicado con ella.
“El día 9 de julio, le pedí de favor que me dieran lo de las nóminas y lo que es el reporte clínico, me dijo, vamos a tratar de sustituir este papel por otro, nosotros vamos a hablar a BANAMEX, para ver de qué manera les podemos hacer llegar un papel que te lo puedan validar para que tú puedas cobrar el seguro de vida, ¿y eso que te da a entender?, que ellos tienen el reporte y que están escondiendo algo”.
Para ella ningún dinero es tan importante como tener a sus esposo a su lado, pero los 105 mil pesos que le ofrecen no serán suficientes para los tres hijos que se quedaron sin papá (11, 4 y 2 años), aunado a que se lo entregarían en el segundo trimestre del próximo año.
“Que te sirve que te den 105 mil pesos, que para la empresa es lo que valía la vida de mi esposo, y me lo dan dentro de 8 o 9 meses. Y mientras qué van a comer mis hijos, si sabemos cómo está la situación ahorita de trabajo, ahorita yo no puedo encontrar. Lo que me urge es también que me den las nóminas reales de lo que mi esposo ganaba para yo poder pensionarlos en el seguro, porque ahora la que voy a tener que trabajar soy yo, y la que va a estar expuesta a todo esto que está pasando, este virus, pues soy yo”.
La empresa DEMAR Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo les hizo firmar hace unos años un contrato donde el pago era mucho menor al que realmente les depositaban de manera quincenal, motivo por el cual Andrea Montero exige le entreguen los estados de cuenta originales, para comprobar que el monto que se le debe entregar es mucho mayor al que están ofreciendo.
“No me dan las cuentas, mi esposo aquí le están poniendo que ganaba como ochocientos ochenta y tantos al día, y eso no ganaba, ósea no percibía eso, porque ni siquiera en el Infonavit, porque en el Infonavit estaba por lo real que ganaba, porque si no nos hubiera dado para tener la casa que ahorita tenemos, por el porcentaje que te da el Infonavit, ósea eso no cotizaba él”.
Desde 2013, Fernández Ramón comenzó a trabajar en la empresa Demar, la cual es una outsourcing de grupo EYVA, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que durante la última década ha venido cambiando de razón social.
Supuestamente entre la empresa Demar Instaladora y Controladora Osorxin Hasen del Golfo, al servicio de Grupo EYVA y Pemex había una cláusula en el contrato por la prestación del barco “La Bamba” para obra.
Dicha arista indica que se podría hacer recisión del contrato en cualquier momento en caso de un huracán o tormenta tropical o pandemia que impidiera continuar los trabajos.
Está información, tanto las viudas de César Fernández como la de Hugo Espinosa fueron notificadas por sus esposos antes de morir.