Veracruz | 2024-08-04
El estado de Veracruz sigue sin tener el registro de deudores alimentarios, ya que el Congreso de Veracruz no ha reformado el código civil para establecer dicho registro, indicó José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz.
Explicó que el Colegio de Abogados tiene un juicio de amparo promovido, el cual tiene el objetivo de coaccionar la legislatura y realice la implementación del Registro Nacional de Alimentistas Morosos.
"La legislación y armonización del Registro Nacional de Deudores Alimentistas Morosos se encuentra pendiente, es algo muy importante. Nosotros como colegio de abogados tenemos un juicio de amparo indirecto promovido con la finalidad de coaccionar la legislatura y armonizar las leyes para que se implemente realmente el Registro de Deudores Alimentistas Morosos en el estado de Veracruz", declaró.
Mencionó que a nivel federal ya existe una disposición que obliga a que se armonice en el Tribunal de Justicia y en el Congreso Estatal de Veracruz para que se reforme el código civil.
El abogado agregó que en otros estados de la República Mexicana ya se implementa este registro, pero en Veracruz aún se mantiene en omisión.
Aseveró que la falta de legislación provoca que haya muchos deudores alimenticios que no cumplen con las pensiones, ya que no hay una ley que los presione.
Aclaró que los medios de presión para los deudores son el no poder expedir diversos documentos, tales como el pasaporte, la licencia de conducir, trámites notariales, entre otros.
"Los deudores se sienten relajados, al no existir ningún medio que los presione. Los medios de presión que establece la ley son que no se les pueda expedir el pasaporte, la licencia de conducir, ciertos trámites notariales, entonces cualquier deudor alimentista que se vea en esta situación se va a sentir coaccionado para poder pagar estas pensiones alimenticias".
Priego Miranda exhortó al Congreso del Estado a reformar el Código Civil y ciertas normas, así como establecer registros electrónicos. Reiteró la omisión de la Legislatura del Estado de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia del Estado.