Veracruz | 2020-07-26 | Laura Morales
El sistema de justicia se encuentra paralizado en el Estado de Veracruz, salvo excepciones penales en casos graves, que se desahogan por flagrancia de delitos o ejecuciones de órdenes de aprehensión.
Sin embargo, aún así los jueces de control no están trabajando al 100 por ciento, sino con guardias para casos urgentes.
El abogado Rodolfo Reus Medina explicó que en materia civil, mercantil, familiar y administrativa hay rezago ante una parálisis total en Veracruz por lo que exhortó a modernizarse y permitir el desahogo de procesos utilizando las herramientas tecnológicas indispensables.
Lo contrario pasa con el Poder Judicial Federal donde los abogados tienen una firma electrónica para litigar presentando escritos, alegatos y pruebas desde la computadora, además las audiencias se desarrollan por videollamada.
“Pudiendo estar el acusado en un centro federal, el juez desde su casa en la computadora, un secretario y el litigante desde su oficina. El Poder Judicial Federal sí es responsable. Desde hace ocho años empezó a modernizarse y es lo que ha permitido que la justicia federal funcione”.
Admitió que la modernización implica presupuesto, gente preparada y capacitada para operar los sistemas computacionales del Poder Judicial así como un mínimo de dos o tres años.
El abogado señaló que ante la emergencia sanitaria del coronavirus es necesario establecer el sistema de justicia digital pues la situación no normalizará hasta enero o febrero de 2021.
“De por sí el sistema de justicia estatal es lento, ahora que colapsó para que agarre la normalidad va a durar seis u ocho meses. De por sí con juzgados abiertos había atraso ahora con el sistema estatal colapsado las cosas irán más lentas”.
Urgió a adecuarse a la justicia federal como otros estados, entre Nuevo León, Chihuahua, Querétaro y Jalisco donde los sistemas estatales avanzaron a la justicia electrónica.
División de poderes
En su visita al Periódico Imagen exhortó a que en Veracruz se respete la división de poderes pues pareciera que existe intromisión en el Poder Judicial.
Y es que la justicia únicamente funcionará teniendo un Poder Judicial independiente.
“Los gobernadores de los estados capitalizan el Poder Legislativo y Judicial. No hay cultura de división de poderes y mientras no exista seguiremos anclados en el tercer mundo. En Veracruz no veo independencia sino cuotas políticas, ni veo gente preparada y por lo tanto tendremos justicia a medias”.
Aprovechó para reconocer que Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha logrado mantener independiente a dicho poder.
Además el ejecutivo federal comprende el mensaje de autonomía.
Caso Lozoya
El abogado abordó el tema del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y explicó que el testimonio ofrecido donde compromete a funcionarios y exfuncionarios podría no tener valor de juicio al no existir una cadena de custodia.
Reus Medina explicó que es el caso de los videos con los que busca beneficios legales, pues no se sabe si fueron alterados, editados, en qué fecha los grabaron y donde, por lo tanto se corrompió la cadena de custodia y no tienen valor.
“Para que tú incorpores a un juicio penal videos, conversaciones, se sigue un procedimiento de cadena de custodia y la extracción e incorporación a juicios bajo ciertas reglas y se desahoga por medio de peritos informáticos y acreditados por el Poder Judicial aunque tiene valor mediático ante la opinión pública”.
Además la carga de la prueba contra el expresidente Enrique Peña Nieto será de la Fiscalía General de la República, pues aunque Lozoya señale que se corrompió distintos exfuncionarios de México, la autoridad determinará.
Aunque Emilio Lozoya se apegue a la figura de testigo colaborador acogiéndose al criterio de oportunidad no quedará impune.
“Lozoya a cambio de todo lo que hizo si le va mal deberá estar en prisión dos o tres años en lugar de 25 años pero tiene que pasar por la cárcel, ir a prisión aunque sea testigo colaborador”.
Advirtió que si el proceso llega a corromperse mediáticamente no pisará la cárcel.
“Hay que recordar que Lozoya ganó un amparo en firme del 2018. Los delitos de corrupción de Odebrecht ya prescribieron”.
Cabe mencionar que, de acuerdo a medios nacionales, Emilio Lozoya reveló que el Gobierno de México en 2014, cuando lo encabezaba Enrique Peña Nieto habría pagado presuntamente 52 millones de pesos a legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México.
Además en España hizo un documento en el que señala que supuestamente Odebrecht dio cuatro millones de dólares para financiar la campaña presidencial de 2012 y una vez pasadas las elecciones depositó otros seis millones de dólares para garantizar contratos así como pagos de soborno que permitían la aprobación de la reforma energética.
Con ello presuntamente Odebrecht obtuvo un contrato de tres mil millones de pesos para hacer trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, a través de la asociación con una empresa constructora mexicana.