Veracruz | 2025-05-06
Aunque parezca un trámite más en la burocracia mexicana, la declaración patrimonial y de intereses tiene un propósito mayor: evitar que los servidores públicos hagan del poder un medio para enriquecerse fuera de toda lógica legal. No es solo un registro, es una radiografía económica que puede revelar más de lo que se dice en público.
Prácticamente nadie en el sector público está exento. Desde los altos funcionarios hasta los trabajadores de base, todos deben rendir cuentas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo establece con claridad. Aquí, una muestra:
Si se recibe un sueldo del erario, sin importar el nivel o el puesto, toca presentar declaración.
No basta con hacerlo una sola vez. Hay tres momentos en los que es obligatorio:
Además, si el servidor público identifica un posible conflicto de interés, debe declararlo de inmediato, no cuando le parezca.
No basta con decir que no se tiene "nada a nombre propio". La declaración cubre mucho más:
La ley exige transparencia, aunque no todos lo hacen voluntariamente.
Aquí no hay "se me pasó". El incumplimiento trae consecuencias:
Mentir o ocultar puede salir caro. Mucho más que cumplir con el proceso a tiempo.
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El sistema es estricto: si un dato no cuadra, el formato no avanza. Cada sección completada cambia de color; al final, antes de firmar y enviar, conviene revisar con cuidado. Una vez enviada, no se puede corregir. Presentarla no es opcional, es ley. O se cumple, o se enfrenta lo que eso implica.