PMA se deslinda por denuncia de Greenpeace sobre basurero en Villa Allende en Veracruz

El basurero en Villa Allende se clausuró en el 2021 pero pasó a la Fiscalía en Delitos Ambientales de Veracruz, señaló la PMA

Veracruz | 2024-11-27

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) aclaró que no es responsable de la denuncia presentada por Greenpeace México para exigir el cierre total del basurero a cielo abierto en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, en la zona sur del estado.

Sergio Rodríguez Cortés, titular de la PMA, aseguró que la dependencia actuó desde 2020 para clausurar el sitio, logrando el cierre total en 2021, sin embargo, debido a la complejidad del caso fue pasado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Estado de Veracruz para que actuara de manera penal.

"La autoridad municipal aceptó la medida de la clausura por parte de la autoridad. Para nosotros nunca ha habido medias tintas e incluso hubo una denuncia. Hay 2 denuncias de tipo penal ya en la Fiscalía Especializada en materia de Protección al Medio Ambiente, incluso el órgano de fiscalización está avisado".

El procurador subrayó que cualquier gasto relacionado con el manejo de residuos en Villa Allende no puede ser avalado por el órgano fiscalizador, ya que el basurero opera en condiciones inadecuadas y representa un delito ambiental.

"Nosotros como Procuraduría hemos hecho lo que hasta nuestras actuaciones en materia administrativa nos competen y le hemos dado turno en este caso para que se desahogue como un delito ambiental que es lo que señala la organización, en este caso la Fiscalía Especializada".

El basurero de Villa Allende, operado por el municipio de Coatzacoalcos desde 1991, recibe entre 350 y 400 toneladas diarias de basura doméstica e industrial, provenientes de municipios como Minatitlán, Cosoleacaque, Villa Allende, y la zona industrial.

Según datos de la organización Allende 213, el sitio se extiende por 11 hectáreas, de las cuales 9 ya están ocupadas.

Aunque la PMA determinó su clausura desde 2017, el basurero sigue funcionando, afectando a una comunidad de aproximadamente 23 mil habitantes.

Las viviendas y comercios cercanos, algunos a menos de 500 metros del lugar, sufren los impactos de la contaminación del aire, suelo, agua y la emisión de gases de efecto invernadero como metano, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles.

La cercanía del basurero con cuerpos de agua y áreas habitadas ha generado un grave desequilibrio ecológico y problemas de salud pública, denunciaron los activistas.

Finalmente, Rodríguez Cortés insistió en que la atención al problema recae en el municipio de Coatzacoalcos, conforme al artículo 115 constitucional.

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