Veracruz | 2024-07-29
El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
El exfuncionario panista indicó la primera denuncia corresponde al daño patrimonial causado al erario público con el tema de las videocámaras, mientras que la segunda es por los presuntos abusos policiacos ocurridos en Totalco y la supuesta persecución y lesiones en contra de jóvenes estudiantes en la ciudad de Xalapa.
"Hechos que son constitutivos de delitos graves por los cuales Cuitláhuac García tiene que ser llevado a proceso. Son hechos ambos evidentemente delictivos, en los cuales Cuitláhuac García tuvo una participación reconocida, mismas que consta en videos de conferencia aportada como pruebas".
En el tema de las videocámaras, el exmandatario estatal aseguró que al finalizar su administración solo quedaron pendientes de conectar el 7 por ciento de los equipos, con un contrato con la empresa para concluirlas, sin embargo, presuntamente García Jiménez decidió negociar para que no se finalizara su instalación.
Asimismo, resaltó que en el caso de Totalco, donde murieron dos campesinos por la represión de elementos de la Fuerza Civil y las lesiones en contra de jóvenes xalapeños, el gobernador quiere justificar el uso de la fuerza violenta a través de un operativo de "Código Rojo".
"El uso de la fuerza está regulado por una Ley Nacional de la Fuerza, donde se establece correctamente cuáles son los límites para el ejercicio de la fuerza no en un Código Rojo, en ambos casos tiene responsabilidad penal y tiene que responder por esta responsabilidad".
Yunes Linares informó que acudió directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias, donde presuntamente no se la quisieron aceptar de inmediato, por lo que tuvo que dejar como constancia su licencia para conducir.
Apuntó que sus denuncias son una buena oportunidad para que la Fiscalía y su titular Verónica Hernández Giadans, puedan acreditar su autonomía.
"No soy ingenuo, no hay justicia en Veracruz. Hoy la Fiscalía y el Poder Judicial están dedicados a perseguir opositores, no a perseguir delincuentes [...] la fiscal recibió la instrucción de asumirse como pepenadora y buscar en el basurero todas las denuncias que estuvieran presentadas contra miembros de mi familia y contra mí y contra otras personas cercanas, incluyendo a varias y varios que fueron candidatas y candidatos a cargo de elección popular en las recientes elecciones".
"Será lo último que haga en mi vida, pero se las voy a cobrar", aseguró el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al referirse a los procesos legales que enfrentan sus hijos Miguel y Fernando Yunes Márquez con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Acusó que las denuncias presentadas por la Fiscalía son una agresión y una persecución política que en su momento él mismo les cobrará "la factura" a los que ordenaron toda esta situación.
El exmandatario estatal indicó que la encargada de esta persecución y darle seguimiento a cada tema es la fiscal de Investigación Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, quien presuntamente se encuentra violando todas las normas legales. Al igual que un grupo de aproximadamente 30 o 40 personas dedicadas exclusivamente al caso.
Resaltó que las denuncias contra Miguel Ángel tienen que ver con la presentación de un certificado falso. Mientras que las dos órdenes de aprehensión contra Fernando Yunes son por avalar un permiso para la construcción de la Torre Centro y una denuncia de un presunto empleado municipal que lo acusó de obligarlo a estar en una casa de campaña.
Yunes Linares calificó a las denuncias como una burla y con falta de sustento, cuyo objetivo solo es la persecución política.
Asimismo, dio a conocer que la Fiscalía del Estado, "revivió" al menos 10 carpetas de investigación en contra de su familia, las cuales presuntamente ya habían sido desechadas en su momento ante la falta de pruebas.
Finalmente, aseguró que tanto las autoridades del Gobierno Estatal y la Fiscalía General, están incurriendo en un delito, sobre todo en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, por lo que tendrán que pagar con una sanción de carácter civil.
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