Veracruz | 2021-02-06 | Heladio Castro
Las medidas para reducir la movilidad urbana en la pandemia de coronavirus pueden molestar, pero en la crisis los gobiernos deben tomar acciones, aseveró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.
Admitió que la población tiene el derecho de inconformarse ante el cierre de calles como medida para reducir los contagios del virus SARS-COV-2, pero dijo que el estado no puede cruzarse de brazos ante la realidad.
"Aunque la Constitución señala la libertad de tránsito de ciudadanos por el territorio nacional, también es cierto que con la pandemia el estado mexicano, el gobierno federal, estatal y municipales tienen la facultad en un momento determinado de cuidar el bien tutelado.
"El bien tutelado en materia jurídica es la vida de los ciudadanos en el sentido de que se eviten los contagios, como han salido en algunas entidades federativas algunos decretos que impiden la movilidad y se pide apoyo para que así sea", explicó Pozos Marín.
En consecuencia un gobernante preocupado por la salud colectiva debe tomar decisiones, o se le reprocharía su falta de acciones ante el disparo y casos", dijo.
No obstante, el abogado destacó por otro lado el impacto en la economía por cierres temporales y definitivos y al caer los volúmenes de ventas, lo que lleva a la quiebra de negocios y al desempleo.
"Se paraliza el comercio y el empleo con el que el trabajador lleva el sustento a sus familias: estamos en una encrucijada porque la gente dice que o muere del contagio o muere de hambre.
"Los comerciantes tienen que pagar salarios, renta, Seguro Social, agua, electricidad, y tener ganancias. Es una situación compleja y puede haber más muertes", alertó el abogado.
Recalcó que al margen de estar a favor o en contra del confinamiento y de reducir la movilidad, las personas deben cuidar de sí mismas y de quienes las rodeando, porque los contagios y defunciones son una realidad innegable.