México | 2022-06-02
Por el presunto fraude revelado hace unos días en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), la Fiscalía General de la República tiene 15 investigaciones en curso y una más que ya fue judicializada.
“(...) se investiga el uso ilícito de atribuciones y facultades y una persona ex servidora pública fue vinculada a proceso”, informó la secretaría de la Función Pública (SFP).
Mediante un comunicado, la dependencia federal, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, respondió al cuestionamiento que le realizó Imagen del Golfo ayer miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el documento detalló que, a la fecha el Órgano Interno de Control (OIC) la Función Pública ha dado acompañamiento en 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, por la propia entidad y por empresas involucradas, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión de delitos, los cuales podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, así como a Diconsa y Liconsa (los dos organismos que la integran).
Respecto al ámbito administrativo, la dependencia federal informó que por los asuntos denunciados ante la FGR, el OIC abrió 17 expedientes de investigación: 10 se encuentran en etapa de investigación; 4 se encuentran en proceso para determinar responsabilidades; 2 fueron concluidos por falta de elementos, y 1 relacionado con faltas no graves tuvo resolución sancionatoria.
La SFP indicó también que, aunado a lo anterior, continúa la revisión al ejercicio fiscal 2021, para lo que se programaron 38 actos de fiscalización a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía.
Además de como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; inventarios; presupuesto de gasto corriente, y al desempeño de procesos sustantivos.
Finalmente, hizo el compromiso de que una vez que se dé cumplimiento a los principios de legalidad y presunción de inocencia, la SFP informará de los resultados que arrojen dichas investigaciones en el ámbito administrativo una vez que se concluyan todas las etapas de acuerdo con el debido proceso.
En el mismo sentido, en el ámbito penal se seguirá coadyuvando con las autoridades correspondientes.
/pn