México | 2024-04-29
AstraZeneca, la compañía farmacéutica con sede en Cambridge, ha sido noticia recientemente por reconocer que su vacuna contra el COVID-19 puede, en casos extremadamente raros, causar trombosis con trombocitopenia (TTS), un efecto secundario potencialmente mortal.
Esta admisión surgió después de que familias afectadas presentaran una demanda colectiva, alegando haber sufrido graves consecuencias de salud o la pérdida de seres queridos debido a este efecto adverso.
Esta revelación ha llevado a la posibilidad de compensaciones legales significativas para las víctimas, con el gobierno británico comprometiéndose a cubrir los costos legales de AstraZeneca en caso de derrota judicial.
En agosto de 2020, en un esfuerzo por combatir la pandemia a nivel regional, AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para facilitar la producción y distribución sin fines de lucro de la vacuna AZD1222 en América Latina, incluyendo México.
Este acuerdo propuso inicialmente suministrar 150 millones de dosis, excluyendo a Brasil. La producción se llevaría a cabo en Argentina y México, con la intención de empezar los envíos en el primer semestre de 2021, siempre que los ensayos clínicos resultaran exitosos.
AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim destacaron su compromiso con un acceso equitativo a la vacuna, esperando aliviar las consecuencias devastadoras de la pandemia en la salud, la economía y el empleo en América Latina.
La vacuna, desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, mostró respuestas inmunes prometedoras en los ensayos clínicos de fase I/II, aunque en la actualidad se haya abierto el debate sobre sus efectos secundarios.
La confirmación de los efectos secundarios graves ha intensificado el debate sobre la seguridad de las vacunas y ha puesto en relieve la necesidad de transparencia y respaldo legal en la distribución de tratamientos médicos en situaciones de emergencia.
La situación legal actual y la responsabilidad de AstraZeneca están bajo escrutinio, mientras las víctimas buscan justicia y compensación por los daños sufridos debido a los graves efectos secundarios.
La iniciativa de AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, que representó un esfuerzo significativo para proporcionar soluciones de salud pública a una región gravemente afectada por la pandemia, ahora enfrenta desafíos adicionales debido a las complicaciones legales y médicas emergentes relacionadas con la vacuna.