| 2025-04-17
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU celebrará sesiones del 29 de septiembre al 3 de octubre, y uno de los temas prioritarios será la situación de las desapariciones en México.
Al concluir esas fechas ya sea a finales de septiembre o principios de octubrese definirá si este organismo remite el caso mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este comité, compuesto por diez especialistas autónomos, se encarga de supervisar la correcta implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de los Estados que la han suscrito.
El pasado 4 de abril, el CED activó el procedimiento contemplado en el artículo 34 de dicha Convención, señalando que podría estarse incurriendo en desapariciones forzadas de manera sistemática o extendida en el país.
"Recibimos datos que, en nuestra opinión, permiten sostener que la desaparición forzada ocurre de forma generalizada o estructural en México", declaró Olivier de Frouville, presidente del comité.
Como parte del proceso, el CED se encuentra actualmente elaborando un conjunto de cuestionamientos y solicitudes de información dirigidos al gobierno mexicano. El propósito es esclarecer las medidas que ha adoptado el Estado para prevenir y erradicar las desapariciones, con el objetivo de obtener un diagnóstico claro de la situación.
Desde el 5 de abril, el gobierno mexicano ha mantenido un diálogo constante con el comité, representado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.
“El Estado mexicano ha sostenido una cooperación activa con este órgano internacional y está dispuesto a revisar sus planteamientos, así como informar sobre políticas y acciones implementadas para enfrentar esta problemática”, aseguró la Segob en un comunicado.
En caso de que no se logre una conciliación entre el gobierno y el CED antes de que se someta a votación en la Asamblea General, expertos advierten que la administración de Claudia Sheinbaum tendría que negociar directamente con el secretario general de la ONU, António Guterres, para evitar que la Asamblea tome una decisión unilateral basada en el dictamen del comité.La Secretaría de Gobernación rechazó rotundamente que exista una política gubernamental orientada a la desaparición de personas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que la postura del comité carece de contexto, mientras que la presidenta Sheinbaum sostuvo: “En México no existe desaparición forzada desde el Estado, eso es falso”.