México | 2021-04-22 | Judith Sánchez Reyes
El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las titulares de Energía y Medio Ambiente den a conocer si se dio un acuerdo económico entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa British Petroleum, tras el derrame de crudo en las costas del Golfo de México en 2010, que ascendió a 25 millones de dólares, y cuál fue el destino de esos recursos.
Tras la petición de los pescadores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán para que les sea reparado el daño tras haber sido afectados por el desastre ambiental provocado por esta empresa petrolera trasnacional, el Mandatario solicitó a Rocío Nahle García y María Luis Albores, secretaría de Energía y Medio Ambiente; respectivamente, atiendan a los pescadores y analicen otras vías jurídicas para que sean indemnizados.
“Que se explique aquí, si el gobierno recibió ese dinero, si no se repararon los daños, todo lo que tenga que hacerse y también ayudar a que no queden ellos en estados de indefensión, que pueda haber justicia (…) seguro nos están viendo María Luisa Albores y Rocío Nahle, ya tienen tarea”, respondió a Imagen del Golfo.
El pasado 20 de abril se cumplieron 11 años del derrame de casi 800 millones de crudo en las costas del Golfo de México, provocado por la explosión de la plataforma “Deepwater Horizon”, que afectó a 25 mil pescadores y, que a la fecha, es considerado como uno de los mayores desastres ambientales registrado en nuestro país.
En este contexto, pescadores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán realizaron diversas manifestaciones para solicitarle al Presidente López Obrador la reparación del daño pero sobre todo, que se inicie nuevamente la investigación contra el ex embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, el abogado de empresa British Petroleum, William Noble y del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray quienes permitieron este acuerdo económico con esta empresa petrolera trasnacional, así como monitorear los lineamientos de operatividad para evitar que por intereses económicos se impacte de manera negativa el medio ambiente, en este caso las aguas del país.
En octubre de 2020 los pescados interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento se haya dado una resolución positiva al caso.