México | 2022-06-15
El empresario de Hidalgo, Juan Carlos Tapia Vargas, quien es propietario de Construcciones Industriales Tapia (CITapia), había sido señalado presuntamente de haberse robado combustibles de la paraestatal Petróleos Mexicanos, sin embargo, este argumento fue exonerado por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con un reportaje publicado por Forbes, Tapia Vargas ha librado diversas acusaciones, investigaciones y ejercicios penales por el presunto delito de combustible del poliducto Tula-Salamanca que era propiedad de Pemex.
La FGR determinó que no existió ejercicio alguno para que se llevara a cabo la acción penal parcial y archivo temporal dentro de la carpeta de investigación de Juan Carlos Tapia Vargas por el robo de combustibles.
Cabe mencionar que esta nula consignación de la FGR hacia Tapia es para librar el expediente por el robo de hidrocarburo que se cometió en agravio de Pemex, esto a pesar de que elementos de la Policía Federal hallaron una toma clandestina en las instalaciones de Construcciones Industriales Tapia en Atitalaquia, Hidalgo.
El pasado 10 de marzo de 2017, fueron 2 elementos de la Policía Federal quienes se encontraban haciendo un servicio de inspección, verificación y seguridad en la zona de Hidalgo para prevenir delitos y problemas existentes en la zona de Tula, así como realizando un operativo para evitar la sustracción ilícita de hidrocarburos.
Los agentes de la FGR dieron parte a personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos para que realizaran la inspección de la toma clandestina hallada dentro de la propiedad de Juan Carlos Tapia Vargas, esto con la finalidad de que representara un riesgo para los habitantes.
Fue así que el pasado 11 de marzo de 2017, agentes del Ministerio Público de la Federación ordenaron un cateo del inmueble propiedad de Construcciones Industriales Tapia, y se procedió al resguardo de las mangueras halladas por agentes de la policiacos, mismas que eran ocupadas por vigas de acero usadas para la fabricación de estructuras energética, petroquímica y cemento.
Cabe indicar que Juan Carlos Tapia Vargas indicó que la propiedad estaba siendo arrendada por la señora Josefina Cervantes Rosales, por lo que su abogado argumentó que el contrato de arrendamiento del predio fue firmado por un año para que sirviera como pensión de vehículos pesados durante toda la noche.
CITapia es una empresa dedicada a vender estructuras de acero, tanques de almacenamiento, tubería, así como diversos recubrimientos anticorrosivos para las refinerías, plantas petroquímicas, plataformas marinas.
Esta misma empresa ha realizado diversos proyectos para clientes internacionales, así como nacionales donde figuran Pemex, CFE, ICA Fluor, Industrial Dragados, Tecnimont, Samsung, Praxair, Isolux, Abener, Industria del Hierro, Saipem y la Constructora Norberto Odebrecht.
Desde el pasado 27 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht subcontrató a la empresa de Juan Carlos Tapia Vargas que realizara diversos servicios de terracería, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para un proyecto de aprovechamiento de residuales que se realizó en la refinería de Tula.
Por lo que la constructora de Tapia recibió 331 millones 479 mil pesos por los trabajos realizados en Tula.
Asu vez, Odebrecht realizó la entrega de otro subcontrato por la cantidad de 296 millones 782 mil pesos a CITapia para que prestara servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur, con el fin de realizar el proyecto de construcción de accesos para el aprovechamiento de residuales en la refinería.
Sin embargo, durante diciembre de 2015, la constructora brasileña dio por terminado de forma anticipada el contrato que sostenía con Construcciones Industriales Tapia.
Siendo así, que el 5 de junio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa a Construcciones Industriales Tapia por 206 millones 686 mil pesos esto al no presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación.
Así como la compañía del empresario de Hidalgo quedó inhabilitada por dos años y seis meses, de acuerdo con lo estipulado dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF).
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