Coahuila | 2023-05-25
La directora del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe, Coahuila, Jetzael Martínez Cisneros, fue cesada de su cargo tras la emisión de tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos graves.
Jetzael Martínez Cisneros es acusada en varios procesos ante la FGR, la CNDH y el poder Judicial de la Federación (PJF) de ser ejecutora y cómplice de actos crueles, amenazas, intimidaciones, actos deshumanizados marcados como posibles acciones criminales junto con su primer círculo de colaboradores en contra de internos del penal.
Con Martínez Cisneros en la dirección el CPF 18 suma dos años dentro de los peores evaluados del país y con mayores denuncias, entre las que destacan posibles asesinatos de internos, violaciones sexuales, tortura, agresiones físicas y malas prácticas en áreas médicas, forenses, de seguridad y custodia.
Los funcionarios que son señalados como cómplices de Martínez Cisneros son el director jurídico Juan Francisco Alfeirán Sánchez, la directora técnica encargada del despacho Gabriela Isabel Garza Báez, el director administrativo Oscar Enrique Díaz López.
También es señalada la comandante Claudia Guadalupe Valdéz Cibrián, así como subalternos que ejecutan órdenes de posibles actos criminales en contra de los internos.
Otro señalado por los internos de ser cómplice y presunto brazo ejecutor de Jetzael Martínez es el supervisor de Seguridad Penitenciaria, Juan Antonio Ilich Coronado Reyes.
La CNDH emitió este miércoles dos recomendaciones en la que marca como responsables a las autoridades del CPF 18 de Ramos Arizpe, por el suicidio de un interno en el área de Hospital con antecedentes de esquizofrenia y con indicaciones de estar vigilado permanentemente.
La CNDH emitió una segunda recomendación por tratos inhumanos y por prácticas de sujeción injustificadas en el área de hospital a los presos internados.
Las recomendaciones número 68/2023 y 101GV/2023 están dirigidas al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruíz Ortega y al Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
Estas recomendaciones resultan ya en una investigación en contra la directora del Penal de Ramos Arizpe, Jetzael Martínez Cisneros, y varios de sus subalternos de la dirección del Cefereso y en contra del personal médico, de guardia y custodia.
La CNDH recomendó al comisionado federal Hazael Ruíz Ortega y al Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, iniciar procesos legales en contra de las autoridades responsables, observar que exista reparación de daños, medidas de satisfacción a las víctimas y familiares, así como realizar seguimientos de los procesos entre otras recomendaciones.
Además del caso del interno que supuestamente se suicidó, la CNDH informó de violaciones graves en contra de la mayoría pacientes internados en la zona hospitalaria violando las normas de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Estas recomendaciones se suman a la 19/2023 emitida el 31 de enero del presente año y en la que se da fe de violaciones a los derechos humanos en contra de un reo que fue encadenado de pies y manos por dos años en el área médica sin justificación para estar ahí.
Entre las denuncias que sobresalen se encuentra el posible asesinato del reo Agustín Martínez Torres ocurrido el 8 de septiembre del 2022 y que colocó a Martínez Cisneros junto con su personal en la mira de la FGR, que investiga este caso luego de las inconsistencias en los dictámenes médicos y las declaraciones del personal del penal.
El personal del Penal de Mesillas aseguró que el interno cayó de la cama y se golpeó la cabeza en primera instancia y al tratar de levantarse volvió a caer golpeándose de nuevo la cabeza, sin embargo, los reportes de los médicos de urgencias del Hospital General de Saltillo señalaron que la muerte fue asfixia.
Lejos de manejarse con prudencia al verse observados por la FGR, Jetzael Martínez Cisneros y sus subalternos se colocaron en el escrutinio público tras la sospechosa muerte del interno Oliver Eduardo Romero Cardoza, quien fue reportado muerto hace diez días, el lunes 15 de mayo en el centro penitenciario.
La CNDH inició una investigación sobre el fallecimiento de Romero Cardoza, quien de acuerdo a la versión de la autoridades falleció por un paro cardiaco, pero su cuerpo presenta señales de violencia física en las que se incluyen hematomas y fuertes golpes en cabeza y cara.
Personal de la CNDH realizó diligencias forenses el fin de semana durante los funerales de Romero Cardoza en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, confirmó la viuda del reo que perdió la vida.
Las alertas se activaron en la CNDH desde el año 2021 cuando decenas de denuncias sobre el CPF 18 llegaron y cada vez fue más común la presencia de su personal en esas instalaciones, donde observaron situaciones fuera de lo normal que quedaron plasmadas en las recomendaciones 190/2022, 303/ 2022 y 33/2023.
Dentro de las investigaciones de la CNDH se encuentra la posible responsabilidad del equipo médico del penal por el suicidio de un interno con problemas de esquizofrenia el 27 de octubre del 2021 y que tenía la restricción médica de no permanecer solo ya que, en el pasado había atentado contra su vida.
La CNDH explicó en la recomendación 68/2023 que el interno fallecido contaba con antecedentes de esquizofrenia y tenía indicación de requerir observación permanente, pero inexplicablemente lo dejaron solo y a consecuencia de ello fue encontrado muerto, supuestamente por suicidó, el 27 de octubre del 2021.
Se trataba de un paciente con antecedentes depresivos y que en el pasado había atentado contra su vida y las autoridades médicas y penitenciarias tenían conocimiento que podría presentarse de nueva cuenta algún evento de peligro, pero no se le procuró un ambiente y las condiciones de vida necesarias que contribuyeran a mejorar el bienestar mental.
La carpeta de investigación asentó que la víctima falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento con una sábana amarrada en las rejillas del aire acondicionado del cuarto en el que se encontraba hospitalizado sin la vigilancia necesaria.
La CNDH determinó que el personal médico, de guardia y custodia del CPF 18 cometieron fallas al no garantizar el derecho a la vida y omitieron su deber de cuidar la integridad personal de la víctima que derivó en su fallecimiento por suicidio.
La misma CNDH destacó que en el área médica del penal no existen elementos médicos, de seguridad y custodia suficientes, para mantener el orden que se requiere para que los internos no sean encadenados de sus extremidades a las camas.
“La Nota Informativa No.- CPF18/SUB-CUS/01426/2021, del 27 de octubre de 2021, se advierte que siendo aproximadamente las 22:38 horas, después de parar al baño a una persona privada de la libertad, la autoridad responsable comenzó a realizar el primer rondín, dirigiéndose a la Habitación Hospitalaria de la víctima.
Cuatro elementos entre personal médico y de custodia son señalados por incumplir las normas internacionales de cuidado a los reos con problemas médicos y no obedecer Ley Nacional de Ejecución Penal en la que se establece que las autoridades responsables de los penales deben velar por la seguridad de las personas encarceladas.
En este caso la CNDH emitió seis recomendaciones para Comisionado Antonio Hazael Ruíz Ortega del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y tres para el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
La CNDH le pide colaborar para inscribir al interno fallecido y sus familiares en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y se proceda a la debida reparación de los daños.
Se le solicita a Antonio Hazael Ruíz Ortega colaborar con la CEAV para que se les otorgue a los familiares de la víctima atención sicológica y tanatológica con personal profesional especializado y de forma continua de acuerdo a sus necesidades y hasta alcanzar su máximo beneficio posible.
El Órgano Nacional le pide además colaborar y dar seguimiento con el Órgano Interno de Control con la denuncia presentada por la CNDH en contra de las cuatro autoridades responsables adscritas al CPF 18 o de quienes resulten responsables por no impedir el suicidio del recluso.
Se le solicitó además que en un plazo no mayor a tres meses, a partir de la aceptación de la recomendación, se realicen acciones para garantizar que personas con conductas suicidas sean monitoreadas en todo momento y dichas medidas deben set supervisadas por el titular del CPF 18.
Se le recomienda que en un plazo no mayor a tres meses, se gire instrucciones al personal de salud, sicología y trabajo social para ejecutar acciones de prevención, detección y intervención de personas con conducta suicida.
Por último se le solicita al comisionado que en un plazo no mayor a seis meses a partir de la aceptación de la recomendación, se capacite al personal de salud, sicología, trabajo social y seguridad y custodia, en protocolos de detección, intervención de la conducta y riesgo suicida.
La primera recomendación para al Fiscal General de Coahuila es colaborar en la presentación y seguimiento de las investigaciones por la denuncia de la CNDH en contra de dos autoridades penitenciarias o de quienes resulten responsables por los hechos y omisiones indicadas en la recomendación.
Se le recomienda al Fiscal Gerardo Márquez se giren instrucciones para que la recomendación se integre a la carpeta de investigación y se tomen en cuenta los hallazgos vertidos en la misma sobre la omisión de las autoridades en este caso.
Por último se solicita que en un plazo no mayor a seis meses a partir de la aceptación de la recomendación, realizar capacitaciones a Ministerios Públicos adscritos a Unidad de Investigación de Ramos Arizpe, de la Fiscalía General sobre la relevancia de considerar el conjunto de principios y directrices que contiene el Protocolo de Minnesota, durante la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
La CNDH también liberó la recomendación 101GV/2023 en la que se informa que visitadores del organismo al Centro Penitenciario, en particular al área médica, corroboraron que los internos hospitalizados permanecían con aros de sujeción colocados en un extremo a un tobillo y otro a la cama de manera injustificada y violando los protocolos internacionales.
Los visitadores corroboraron que esa situación dificultaba a los detenidos la movilidad para realizar actividades básicas como el aseo personal y hacer sus necesidades fisiológicas en el momento que lo desearan.
De acuerdo a las pruebas en las que se basó la CNDH para emitir la Recomendación, se les pidió a los detenidos levantarse e intentar caminar hacia el lavamanos y los escusados y al hacerlo se vieron forzados a arrastrar sus camas y jalarlas de regreso.
El personal de la CNDH determinó que dicha medida se realizó a los internos sin importar el padecimiento de quienes se encontraban en la zona médica y entre la que destacan personas con padecimientos como citostomía, hipertensión arterial en control, insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo, esclerosis múltiple y diabetes mellitus I inestable.
De lo anterior, se robustece el argumento del Organismo Nacional, en el sentido de que dicha medida no se utiliza con fines únicamente terapéuticos, sino también de control institucional y restricción de movimiento para mantener la gobernabilidad del penal.
La Comisión de los Derechos Humanos determinó que el área de Hospital del Cefereso de Ramos Arizpe no cuenta con el personal médico, de seguridad y custodia necesario para que los internos hospitalizados puedan tener la movilidad adecuada para realizar sus necesidades fisiológicas de una mejor manera.
En la recomendación 19/2023 la CNDH da fe del seguimiento de un preso que por razones desconocidas está internado en el área de hospital por más de dos años y medio encadenado de sus extremidades inferiores con aros y cadenas a la cama de su cuarto.
Se trata de un reo que en el mes de febrero del 2021 tuvo una riña con otro interno y derivado de la pelea fue internado en el área médica y hasta la última visita del personal de la CNDH en el mes de abril del 2023 continuaba “hospitalizado” sumando más de 733 días sin motivo para estar ahí.
La CNDH tuvo conocimiento de este caso en diciembre del año 2021, cuando el interno sumaba ya 10 meses de internamiento en el área médica sin que sufriera malestar o problemas de salud para estar ingresados en esa área.
Se trata de un reo que presenta una discapacidad psicosocial y tiene problemas de adicciones y que al igual que el resto se encuentra sujeto de tobillos y por lo menos una mano a la cama del cuarto por al menos 23 horas al día.
El 6 de diciembre del 2021 se presentó una queja ante la CNDH por este caso en el que se acusa a las autoridades penitenciarias tanto administrativas, médicas, de seguridad y de custodia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por lo que visitantes del Órgano Nacional estuvieron presentes en el lugar para corroborar la historia.
El personal de la CNDH realizó varias visitas al CPF18 a partir de diciembre del 2021 en el que se les reportó que el detenido fue diagnosticado con trastorno psicótico secundario al consumo de sustancias psicoactivas y se enfatizó en la necesidad de su traslado a un centro de rehabilitación psicosocial.
A pesar de que los reportes del mes de marzo del 2021 y las notas médicas entregadas a la CNDH indicaron que la víctima se encontraba estable y sujeción gentil (encadenado a la cama) nada más en dos puntos, pero aún con la negativa de que regresara al área de celdas.
El CPF 18 es el ejemplo que muestra la corrupción y actos criminales que suceden en el sistema penitenciario federal de México, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular de Centros Penitenciarios es Antonio Hazael Ruíz.
Hazael Ruíz fue informado por la CNDH en sendas recomendaciones sobre las graves violaciones que recaen sobre la directora del Penal de Saltillo, Jetzael Martínez Cisneros y sus subalternos, quienes al ver la inacción de sus mandos ante los señalamientos han mantenido su postura inhumana hacia los reclusos.
Martínez Cisneros es señalada como responsable de cientos de actos violatorios a los derechos humanos durante su administración en el CPF 18 de Ramos Arizpe, también conocido como el Penal de Mesillas, al ser denunciada en los tres últimos años por al menos 300 internos.
Las denuncias abarcan un abanico de posibles delitos que van desde actos menores hasta posible responsabilidad de crímenes como asesinatos, violaciones sexuales, tortura física y psicológica, amenazas a internos y familiares que están registradas en las cientos de acusaciones en su contra.
En una investigación se contabilizaron 46 procesos de denuncias por violaciones graves a derechos humanos y actos que podrían ser considerados criminales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
De esos 46 procesos 31 son individuales y 15 son colectivos y de grupos en los que 283 internos acusaron a Martínez Cisneros y a otros funcionarios, sin embargo, esos casos fueron nada más los encontrados en la investigación porque un sinnúmero de acusaciones ante CNDH, FGR y PJF en contra Martínez Cisneros y sus subalternos.