Naucalpan | 2024-04-06
Rodolfo "N", más conocido por su nombre de influencer "Fofo" Márquez, permanecerá en prisión preventiva en el Penal de Barrientos tras ser acusado de tentativa de feminicidio, derivado de un incidente vial en Naucalpan que escaló a violencia física.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía del Estado de México presentó evidencias concluyentes que llevaron a la autoridad judicial a dictar prisión preventiva justificada contra Márquez, cuya acción no sólo habría generado rechazo social sino también atención judicial debido a la gravedad del delito imputado.
El incidente captado en video y posteriormente viralizado muestra a Márquez agrediendo de manera brutal a una mujer en Naucalpan. Esta conducta fue categorizada como lesiones agravadas en razón de género por las autoridades competentes, resaltando el carácter de violencia de género del acto.
La detención de Rodolfo "N" fue producto de una operación coordinada entre la CONAHO de la SSPC México, la Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de Naucalpan, quienes lograron ejecutar la orden de aprehensión ante la gravedad de los hechos.
En un esfuerzo por contrarrestar las acusaciones, Márquez ha movilizado un equipo de 9 abogados. Carlos Jiménez, periodista especializado en seguridad, informa que este equipo está liderado por 3 abogados principales con el apoyo de otros 6, indicando la seriedad con la que el influencer enfrenta el proceso legal.
Esta estrategia de defensa buscaría minuciosamente desentrañar las acusaciones, buscando inconsistencias o posibles exageraciones para fortalecer su caso ante la justicia y la opinión pública, en un ambiente cargado de presión mediática y sensibilidad hacia temas de violencia de género.
La situación legal de Márquez ha generado un caudal de opiniones en redes sociales, donde muchos exigen justicia y cuestionan la efectividad de su equipo legal ante un caso tan mediático y con implicaciones profundas en temas de género.
El equipo legal de Márquez enfrenta el desafío de navegar a través de la presión pública y el escrutinio mediático, mientras intenta abogar por la absolución o una minimización de las consecuencias legales para el influencer.
Este caso no solo pone a prueba el sistema judicial mexicano sino también refleja las tensiones sociales en torno a la violencia de género y la responsabilidad de figuras públicas.