¿Por qué la Corte Suprema ordenó la suspensión inmediata de X en Brasil?

Juez ordena bloquear a la red social X en Brasil

Brasil | 2024-08-30

El Tribunal Supremo de Brasil hizo oficial la "suspensión inmediata y total del funcionamiento" de X (antes Twitter). La medida responde a la negativa de Elon Musk, dueño de la red social, para nombrar a un representante legal para la compañía en el país.

El presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) Carlos Manuel Baigorri estará a cargo de hacer cumplir el veto. Las autoridades judiciales han solicitado a Apple y Google que tomen las medidas pertinentes para bloquear el uso de la app de X en los sistemas iOS y Android. Además ha pedido que el software sea retirado de sus respectivas tiendas.

El ministro Alexandre de Moares afirma que el Tribunal Supremo brindó "todas las oportunidades" para que X cumpliera con los requisitos solicitados y pagara las multas que adeuda a la Corte.

"Lamentablemente, las conductas ilícitas fueron reiteradas en esta investigación, evidenciando el incumplimiento de X a varias órdenes judiciales. La plataforma ha mostrado intenciones de eximirse de su responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes con la desaparición de sus documentos legales de sus representantes en Brasil para efectos de citación", señaló.

El 17 de agosto, X anunció el cierre de sus operaciones comerciales en el país sudamericano, aunque su servicio permanecía activo. Esto debido a lo que la empresa calificó como "órdenes de censura" de parte del juez Alexandre de Moraes.

"Las acciones de De Moraes son incompatibles con un Gobierno democrático", dijo en ese momento X, y publicó una parte de una resolución judicial emitida a mediados del agosto en la que el juez le ordenaba otra vez que eliminara ciertos perfiles. X ha desobedecido la orden de Alexandre de Moraes desde abril.

En el documento emitido, el juez advertía que X no atendió órdenes previas y que, de no acatarlas, el representante en Brasil de la compañía enfrentaría una multa diaria de 20,000 reales (3,600 dólares) y, posiblemente, una condena a prisión. La compañía decidió, por lo tanto, cerrar sus oficinas y permanecer sin representación en el país.

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