Caracas | 2024-05-01
Un grupo de choque vinculado al régimen de Nicolás Maduro intervino violentamente este miércoles en una marcha de trabajadores en Caracas, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Trabajo.
Organizaciones sindicales denunciaron la agresión y exigieron mejoras salariales ante la estancada economía venezolana.
"No podemos tolerar esto, ¿cómo permiten que grupos armados ataquen a trabajadores? Estamos aquí para exigir un salario digno", declaró Mauro Zambrano, líder sindical, durante la manifestación.
PROVEA, una ONG de derechos humanos, criticó la inacción de la policía y el ejército que no intervinieron para detener la agresión en la Plaza Venezuela, un punto neuralgico de la capital.
El incidente se agravó cuando una fotoperiodista fue asaltada por individuos motorizados, quienes además de golpearla, le robaron su equipo fotográfico. Este suceso resalta la creciente hostilidad hacia la prensa en contextos de protesta.
Mientras tanto, figuras de la oposición condenaron la "destrucción de los derechos laborales" por parte del chavismo.
Henrique Capriles, exgobernador y opositor destacado, expresó su preocupación por la difícil situación que enfrentan los trabajadores, deteriorada por la "destrucción sistemática de sueldos y beneficios laborales".
Las demandas de los sindicatos son claras: exigen un aumento del 5,614% en el salario mínimo, lo que elevaría el ingreso mensual a 200 dólares.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo se ha mantenido en 130 bolívares, equivalente a unos 30 dólares, lo que representa una disminución del 88% en términos de poder adquisitivo.
Nicolás Maduro, por su parte, se dirigió al país asegurando que el "pueblo trabajador" tiene motivos para celebrar, destacando un plan gubernamental para impulsar la economía y rescatar los derechos laborales y sociales, a pesar de los "ataques del imperialismo y la oposición".
La realidad de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo sombría. Informes del Departamento de Estado de EE. UU. y diversas ONGs documentan ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Así mismo, grupos armados no estatales agravan la situación con violencia y explotación social, particularmente contra comunidades vulnerables como los Yanomami.