| 2025-03-19
Google aceptó pagar 28 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva en la que se le acusaba de otorgar mejores salarios y oportunidades de ascenso a empleados blancos y asiáticos en comparación con otros grupos de trabajadores.
El caso fue impulsado por Ana Cantu, quien se identifica como indígena y mexicana, en representación de empleados hispanos, latinos, indígenas, nativos americanos, hawaianos, de las islas del Pacífico y nativos de Alaska.
Cantu afirmó haber desempeñado un trabajo sobresaliente durante siete años en los departamentos de operaciones de personal y en el área de la nube de Google. Sin embargo, aseguró que, a diferencia de sus colegas blancos y asiáticos, no recibió incrementos salariales ni promociones, a pesar de ejercer las mismas funciones.
También señaló que la compañía asignaba a estos empleados a niveles laborales superiores y rechazaba ascensos a aquellos que expresaban su inconformidad.
El juez Charles Adams, del Tribunal Superior del condado de Santa Clara en California, otorgó la semana pasada su aprobación preliminar al acuerdo con Google, filial de Alphabet.
Adams consideró que el convenio era justo, razonable y "favorable para el grupo" de al menos 6.632 empleados que trabajaron en la empresa en California entre el 15 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
Por otro lado, el portavoz de Google, Courtenay Mencini, confirmó el acuerdo este martes, pero enfatizó: "Rechazamos las acusaciones de trato desigual y seguimos comprometidos con la equidad en la contratación, compensación y ascensos de nuestros empleados".
El juez Adams explicó que el acuerdo se concretó luego de que los abogados de Cantu aceptaran este mes excluir a los empleados negros del grupo demandante, una petición que Google había realizado previamente.
Del monto total del acuerdo, 20,4 millones de dólares estarán disponibles después de deducir 7 millones destinados a honorarios legales, sanciones derivadas de la demanda bajo la Ley de Abogados Generales Privados de California y otros gastos administrativos.
Adams fijó una audiencia para el 11 de septiembre con el fin de evaluar la aprobación definitiva del acuerdo.