Estados Unidos | 2020-06-24 | Jair Robles Barajas
Este miércoloes, la corte de apelaciones en el Distrito de Columbia, ordenó al juez federal Emmet Sullivan de cerrar el caso en contra de el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, el general Michael Flynn, como lo había demandado el Departamento de Justicia norteamericano.
En una decisión dividida, entre un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones dentro del Circuito del Distrito de Columbia, falló a favor de Flynn y la administración de Trump al prevenir que el juez de distrito Emmet Sullivan, ejerciera a su discreción el otorgar el acto promovido por el departamento de justicia de cerrar el caso en contra de Flynn, quien se había declarado culpable.
Flynn es un general retirado que había trabajado como asesor del entonces candidato presidencial Donald Trump durante la elección de 2016 y posteriormente nombrado como asesor de seguridad nacional, puesto al que tuvo que renunciar apenas unas semanas de haber comenzado el nuevo gobierno federal.
Desde el 2017 el general Flynn había buscado a través de su defensa retirar su declaración de culpabilidad de haberle mentido al FBI sobre sus interacciones con el embajador Ruso en los Estados Unidos, semanas antes de haber comenzado el gobierno de Trump.
Los abogados de Flynn ante la corte y en público argumentaron que su cliente había sido víctima de una emboscada de parte de investigadores sesgados políticamente y que el caso debía de ser terminado.
El Departamente de Justicia notificó el mes pasado que retiraba los cargos, sin embargo el juez Sullivan se negó a dicha petición y opto por revisar más a fondo los cargos, contrariando una resolución de la Suprema Corte, que en otro casó determinó que el poder judicial no puede suplantar al poder ejecutivo en este caso el Departamento de Justicia que es el encargado de investigar y perseguir la comisión de delitos.
En su fallo dado a conocer este día el juez Neomi Rao argumentó que, ¨en este caso, las acciones de la corte de distrito resultarían en daños específicos al ejercicio exclusivo del poder ejecutivo de poder persecutorio¨.
Esta decisión va a enfurecer a los demócratas, quienes han señalado al Fiscal General William Barr de estarse entrometiendo inapropiadamente en casos para ayudar a los amigos y aliados políticos de Trump.
Por su parte del Departamento de Justicia, justificó su petición de retirar los cargos, al decir que el FBI no contaba con las bases suficientes para interrogar al General Flynn desde un principio y que las declaraciones que hizo durante la entrevista no son sustancia para la investigación de contrainteligencia que se llevaba a cabo para conocer los nexos entre la campaña de Trump y Rusia.
Unas horas antes de que se dictara la resolución de la corte de apelaciones, como parte de la revisión de ese caso que viene llevando a cabo el Departamento de Justicia, se dieron a conocer unos apuntes que le agente del FBI Peter Strzok habría redactado a principios de enero del 2017, semanas antes de que terminara el gobierno de Obama, durante una reunión donde se encontraban presentes el entonces presidente Obama, el vice presidente Biden, el director del FBI James Comey, la asesora de seguridad nacional Susan Rice, entre otros, donde se discutió sobre las transcripciones obtenidas de las llamadas entre el general Flynn y el embajador Ruso y como proceder en su contra. El presidente Obama instruyó para que la ¨gente apropiada¨, se encargara de la investigación, mientras que el director del FBI admitía que dichas conversaciones parecían ser legales.
Nuevamente de acuerdo a las mismas notas, habría sido el vice presidente Biden quien sugirió que para justificar la investigación en contra del general Flynn se basara en la Ley Logan.
La Ley Logan, fue promulgada en el año 1799, para criminalizar la negociación no autorizada entre ciudadanos americanos con gobiernos foráneos que estén en disputa con el gobierno de los Estados Unidos. Ningún ciudadano ha sido sentenciado por violar dicha ley desde su promulgación y solo en dos casos durante el Siglo XIX, se había autorizado una orden judicial bajo dicha ley.